Las instituciones vascas controladas por el PNV con el Partido Socialista de Euskadi como socio minoritario arremetieron ayer contra las críticas políticas realizadas contra el Concierto Económico vasco y contra el Cupo, y que han arreciado tras el pacto a tres bandas alcanzado entre el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo vasco y el PNV de Andoni Ortuzar en mayo de 2017. Con el pretexto del 140º aniversario de la puesta en marcha de esta singularidad fiscal, el Gobierno vasco y las tres diputaciones solemnizaron ayer en el Teatro Arriaga una declaración en la que se plantea a los partidos políticos que «sustraigan esta institución de la legítima disputa partidaria y electoral» y se ensalzó el carácter de «pacto político entre Euskadi y el Estado» del Concierto vasco.
Las instituciones vascas atrajeron ayer a casi 1.000 invitados al Teatro Arriaga para celebrar la entrada en vigor del Concierto Económico, un acuerdo firmado el 28 de febrero de 1878 entre el Gobierno de Cánovas del Castillo y las tres diputaciones provinciales por el que estas instituciones asumían la recaudación de impuestos durante 8 años. Al evento organizado solo por las instituciones vascas no acudió ningún representante del Gobierno español al que se la habían cursado varias –entre ellas al ministro Cristóbal Montoro– del millar largo de invitaciones que también se remitieron a representantes políticos y sociales del País Vasco. Tampoco se sumaron al evento ni el delegado del Gobierno en el País Vasco Javier de Andrés ni el presidente del PP vasco y ex ministro Alfonso Alonso, ambos reconocidos defensores del Concierto Económico pero críticos con la posición política que sobre la reforma del Estatuto de Gernika mantienen tanto el PNV como, al parecer, el propio lehendakari Iñigo Urkullu.
El lehendakari aglutinó todo el protagonismo de un acto que encajó como un guante –en una jornada de frío polar en Euskadi– en la estrategia nacionalista de reivindicar un Concierto político pese a que sociológicamente es ahora cuando más respaldo ciudadano tiene el Estatuto de Gernika de 1981.
La Declaración impulsada por Urkullu con los parabienes de diputaciones y ayuntamientos no sólo reclama «sustraer» el Concierto del debate político en España sino denuncia las «descalificaciones absurdas e interesadas», rechaza «las tergiversaciones e interpretaciones maliciosas» y critica «su utilización partidista e interesada para obtener pretendidos réditos electorales». Una parte sustancial de esta declaración dirigida hacia Ciudadanos, partido que en Euskadi carece de representación institucional pero al que tácitamente el lehendakari convierte en protagonista tras la polémica sobre el «cuponazo vasco» cuando el resto de comunidades autónomas españolas reclama un nuevo modelo de financiación autonómica.
Con la recaudación fiscal en Euskadi creciendo por encima del 10%, las instituciones nacionalistas sitúan el Concierto como el pilar de «la relación bilateral entre Euskadi y el Estado». La interpretación extensiva del Concierto por parte del nacionalismo vasco lo convierte en «el elemento esencia del compromiso político de convivencia con el Estado» por lo que se reclama «el merecido respeto del que goza en Euskadi».