Sorprendería que los tribunales ignoraran la evidencia sobre la continuidad del nuevo partido con el movimiento terrorista. Pero no debe subestimarse el éxito de la propaganda para conformar opiniones, que tiene el potencial de debilitar un consenso antiterrorista. Estamos a tiempo de evitar ese triunfo ansiado por ETA.
«LA izquierda “abertzale” da un paso de gigante». «Indudablemente la pelota está en el tejado del Gobierno». «Batasuna ha puesto muy difícil su ilegalización al Gobierno y a la Justicia». Así valoraba el lunes un prestigioso diario español los nuevos estatutos del brazo político de ETA, sin haberlos leído, tras anunciar que se presentarían hoy. La propaganda terrorista había logrado uno de sus objetivos: encuadrar la escenificación de los líderes de Batasuna en un marco positivo para esta al dar credibilidad a una aparente ruptura del partido con la violencia. Los optimistas criterios con los que el influyente medio definió el acto de Batasuna fueron idénticos a los que un día después utilizó «Gara» para exigir la legalización. Esos son también los elementos con los que formadores de opinión y políticos —no solo nacionalistas— están demandando la legalización de los representantes políticos de ETA. En un escaso margen de tiempo se ha establecido un marco con el que desarrollar un relato favorable a Batasuna y, en consecuencia, para ETA. Su propaganda no ha parado de reproducir simplificaciones con las que se está construyendo una ficción sobre falsedades como las siguientes: Batasuna ha dado un importante e histórico paso al decir cosas que hasta ahora no había dicho, y por primera vez rechaza la violencia y aboga por reparar a las víctimas.
Numerosos son los ejemplos que demuestran la ausencia de novedad en contenidos tan injustamente ensalzados —entre ellos, el pacto de legislatura de 1999 en el que los representantes políticos de ETA «reiteraron» su «apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto»; o las declaraciones de Otegi en 1998 con las que aseguraba que «si ETA tuviera la tentación de usar la violencia para imponer un modelo político y social, seríamos los primeros en denunciarlo»; o las de 2010 al repetir que «nosotros rechazamos el uso de la violencia»—. Además, ninguna relevancia debería concederse a la promesa de futuro cumplimiento de la ley cuando estos mismos líderes consideran que jamás la incumplieron. Por tanto, no solo se trata de contenidos ya repetidos, sino que también debe cuestionarse la credibilidad de integrantes de un movimiento terrorista que los venden como todo lo contrario ante la necesidad de volver a las instituciones.
Sin embargo, la propaganda terrorista ha desviado la atención de obviedades tan esclarecedoras, definiendo engañosamente los términos del debate en torno a la responsabilidad de responder al «importante paso» de Batasuna. La credibilidad que se les ha otorgado a quienes han hecho de la mentira y la coacción violenta su modo de vida ha desencadenado una manipulación que permite a Batasuna aliviar la presión provocada por su ilegalización. Así es porque bastantes son los actores que han aceptado de forma acrítica la propaganda de Batasuna al identificar erróneamente unas meras declaraciones como la prueba irrefutable de algo que no se ha producido: la ruptura con ETA. De ese modo se transfiere al Gobierno, a la Justicia y a aquellos políticos y ciudadanos que se oponen a esta simulación del frente político de ETA la responsabilidad por la continuidad de una violencia con la que la banda sigue comprometida. «La estrategia político-militar es incuestionable», recalcaba la cúpula terrorista a finales de 2010, exponiendo el error de quienes se empecinan en deformar la realidad en torno a la simbiosis entre ETA y Batasuna.
Aunque entre ambas formaciones han surgido conflictos de intereses debido a la ilegalización, las tensiones no han derivado en la ruptura entre «políticos» y «militares». Los primeros no han exigido la disolución de ETA ni han condenado las actuaciones de la banda, pues, tal y como revela su documentación interna, desean mantener la presencia coactiva del grupo terrorista. Los «políticos» pretenden beneficiarse de la existencia de ETA prometiendo una desaparición del terrorismo que difícilmente llegará si Batasuna logra rentabilizar la debilidad que la política antiterrorista les ha provocado. Batasuna promete el final de ETA exigiendo concesiones que, de ser obtenidas, demostrarían la eficacia de la amenaza terrorista. Por ello la legalización de Batasuna sin la desaparición de ETA desincentivaría a los representantes políticos de la banda para reclamar un final que posponen con objeto de seguir extrayendo beneficios, entre ellos una negociación con ETA presente a la que no renuncian. Con esa finalidad, los dirigentes de Batasuna recurren a mecanismos de difusión de responsabilidad para presentarse como actores que simulan esforzarse por un final de ETA que, sin embargo, no exigen. Sus ejercicios de propaganda, eficazmente dosificados para alumbrar expectativas recibidas con esperanza por ciertos sectores sociales y políticos, les permiten disfrazarse de agentes interesados en la paz, cuando lo que realmente persiguen es persuadir a la opinión pública y a los políticos de que estos deben solucionar los problemas de Batasuna y de ETA.
Si Batasuna volviera a la legalidad sin la desaparición de ETA, se eliminaría la causa que ha motivado el conflicto de intereses entre las dos formaciones que integran el movimiento terrorista. ETA podría reanudar el terrorismo, consciente de que uno de los instrumentos más eficaces contra ella ha sido superado. Lo haría con un brazo político reforzado que confía en cohesionar su desmoralizada base con argumentos que algunos actores democráticos le están facilitando al aceptar su propaganda. Ya en junio de 2007 «Gara» justificó el fin de la tregua aludiendo a la demanda de concesiones a los terroristas para salvar las negociaciones entre ETA y el Gobierno que un destacado diario apoyaba. Este mismo medio nacional ha sido citado en un reciente boletín interno de Batasuna al reconocer el éxito propagandístico que supuso la publicación en él de una entrevista con Otegi. Este diario, importante generador de opinión, contribuye a la rehabilitación de los proetarras, al convertirse en plataforma privilegiada para que el entorno terrorista exponga su propaganda sin el necesario cuestionamiento crítico que exige la búsqueda de la información veraz, obligación ineludible al informar sobre ETA.
Así lo ilustraba una reciente entrevista con Rufino Etxeberría en la que anticipaba las promesas ahora repetidas. Las preguntas revelaban falta de rigor profesional al eludir los lógicos interrogantes que debían cuestionar la credibilidad con la que el periodista investía a tan interesado entrevistado. La inapropiada conversión del periodista en partidista difusor de los postulados terroristas afloraba al preguntarle a Etxeberría sobre si su decisión de rechazar la violencia obliga a ETA: «Tuvimos un debate de la base, participaron 7.000 personas, y sus decisiones vinculan a todas las organizaciones, incluida ETA», respondió el político. La admisión de una hipotética imposición de Batasuna sobre ETA, como se desprende de estas palabras, obliga a extraer conclusiones que desmoronan las ideas-fuerza con las que la propaganda terrorista está vendiendo la falsa ruptura de Batasuna respecto de ETA: si las decisiones de Batasuna vinculan a ETA, ¿por qué no exigen la disolución de la banda? ¿No dice Batasuna que ha renunciado a una estrategia político-militar?
Sorprendería que los tribunales ignoraran la abundante evidencia que confirma la continuidad del nuevo partido con el movimiento terrorista. Aunque los tribunales ratifiquen la ilegalización, no debe subestimarse el éxito de la propaganda para conformar opiniones que distorsionan la realidad en torno a ETA y Batasuna y que tiene el potencial de debilitar un eficaz consenso antiterrorista. Si existe voluntad para ello, a tiempo estamos de evitar ese triunfo ansiado por un movimiento terrorista en crisis.
(Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos)
Rogelio Alonso, ABC, 9/2/2011