EL PAÍS 05/05/15
EDITORIAL
· Una reforma electoral merece un debate a fondo y no la difusión de ideas apresuradas
· El PP plantea una reforma electoral que beneficia a los grandes partidos
Tarde o temprano tenía que plantearse en la política española la necesidad de introducir reformas que hagan frente a las carencias y a las demandas de mayor eficiencia democrática. Lo que no debe hacerse es lanzar propuestas de manera tan heterogénea como se está realizando, y sin explicaciones precisas sobre el alcance de lo que se propone y sobre la forma de llevarlo a cabo.
Viene esto a cuento de una jornada como la de ayer. Tan pronto como Susana Díaz propuso, en su discurso de investidura, el desbloqueo de las listas de candidatos, desde el PP se sugirió el acuerdo con esa propuesta y se añadió la necesidad de reformar el sistema para que los comicios se celebren a doble vuelta —como la propia Díaz había dicho días antes—. Además, el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, anunció por su cuenta la convocatoria de una consulta a los extremeños para saber si están de acuerdo con que gobierne siempre la lista más votada.
Tiempo habrá de valorar el importante cambio de reglas del juego sugerido por tales iniciativas. Pero antes hay que dejar claro que alterar las normas electorales es un asunto que no se presta a improvisaciones. Se comprende el temor del PP a perder poder a manos de lo que muchos de sus dirigentes llaman “coaliciones de perdedores”, pero la gobernabilidad y la estabilidad son asuntos demasiado serios como para someterlos a una subasta de ocurrencias.
Susana Díaz también ha propuesto que los diputados solo puedan dedicarse a este trabajo. Es otro debate pendiente y, de hecho, el PSOE intentará la semana que viene que se vote una idea similar en el Congreso de los Diputados, tras el descubrimiento de las importantes retribuciones que una empresa constructora proporcionó en su día a dos diputados del PP, Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte.
La dirigente socialista andaluza propone una incompatibilidad absoluta “entre la función de parlamentario autonómico y el ejercicio de cualquier otra actividad profesional”. Tiene sentido que el trabajo político no se ejerza en ratos libres, sino con plena dedicación. Ahora bien, también este asunto necesita debate. Unos políticos demasiado profesionales tienden a reforzar el poder de los aparatos y de la disciplina partidista, en detrimento de la conexión con la sociedad; y a su vez, unos políticos a tiempo parcial pueden incurrir en abusos por excesiva mezcolanza de sus tareas con otras actividades. En todo caso, merece la pena considerarlo en serio, en el bien entendido de que la dedicación exclusiva a la política debería serlo por un tiempo limitado y que obligaría a hablar de cómo retribuir esa exclusividad.
La política es una actividad que gira en torno a la negociación y el compromiso, sobre todo en situaciones sin mayorías absolutas. Y para eso hace falta, en primer lugar, que haya propuestas claras, detalladas y transparentes.