Proteger la convivencia

Horas antes de que el Parlamento vasco reciba un borrador de reforma del Estatuto elaborado por juristas propuestos por los partidos, no resulta políticamente gratuito que el PNV haga un frente común con la izquierda abertzale para reivindicar el denominado derecho a decidir. Mucho menos que para ello se desmarque de una iniciativa del socio con el que gobierna las principales instituciones de Euskadi –el PSE– que realza la aportación de la Carta de Gernika a la convivencia democrática, reclama su pleno desarrollo y defiende una actualización del autogobierno respetuosa con la legalidad. Unos principios que el nacionalismo vasco asume con aparente naturalidad cuando exhibe su perfil moderado, pero que arrincona periódicamente al caer en la tentación de mostrar su cara más soberanista en un permanente juego con dos barajas que erosiona su credibilidad y suscita desconfianza. El texto pactado por el PNV y EH Bildu que aprobó ayer el Parlamento aboga por «dar cauce al ejercicio del derecho a decidir de la ciudadanía». Entra así en abierta contradicción con los mensajes jeltzales en favor de una reforma estatutaria que refleje la pluralidad de la sociedad y sea compatible con el ordenamiento jurídico vigente. Ignora, además, la amplia satisfacción de los vascos con la autonomía que disfrutan, la más generosa de cualquier territorio europeo. Y amenaza con abrir una indeseable fractura social al confundir aspiraciones legítimas, pero sin encaje legal alguno, con supuestos derechos irrenunciables y exigibles en nombre del pueblo o con prioridades que están muy lejos de ser tales. La independencia de Euskadi –el derecho a decidir no es sino un eufemismo de la autodeterminación– concita un apoyo muy minoritario, el más bajo en dos décadas, según el Sociómetro del Gobierno vasco difundido ayer. Su consecución ocupa un lugar de escasa relevancia entre las preocupaciones ciudadanas. En esas circunstancias resulta de todo punto irresponsable atizar un conflicto identitario. Si alguien está interesado en crear un problema donde no lo hay, Cataluña es un magnífico espejo. Por si alguna duda cupiera al respecto, la sentencia del Supremo sobre el ‘procés’ desmonta sin paliativos la existencia del pretendido derecho a decidir esgrimida con «argumentos pseudojurídicos» por los encausados. Convertir una demanda que divide a los vascos en el eje del nuevo Estatuto equivale a apostar por la frustración. Siempre será preferible hacerlo por proteger la convivencia.