El sumario del caso Pujol se encuentra en grave riesgo de ser anulado parcialmente. En plena investigación del juez José de la Mata contra la Policía por haber introducido pruebas de origen desconocido, la Udef ha aportado por sorpresa un nuevo pendrive–ya es el segundo– con información del clan catalán que dice haber encontrado «ordenando cajones y armarios de un despacho» de sus dependencias. El magistrado sospecha que estas pruebas han sido proporcionadas por detectives que trabajan a sueldo para la Policía. Uno de ellos revela a EL MUNDO que «hay un plan para anular la causa» aprovechando la guerra policial.
El sumario del caso Pujol se encuentra así en riesgo después de que la Policía Judicial entregara ayer al juez José de la Mata un nuevo dispositivo electrónico con información confidencial sobre la familia Pujol. En esta ocasión asegura haberla encontrado casualmente al «ordenar los cajones y armarios de un despacho» de sus dependencias.
El hallazgo ha sido presentado al magistrado José de la Mata como algo casual y fortuito y el instructor del caso Pujol lo ha puesto bajo custodia para abrirlo, en presencia de la Unida de Investigación Tecnológica y de las partes personadas, el próximo día 14.
Esta extraña entrega se produce en medio de la investigación abierta por De la Mata para determinar el origen de un pendrive anterior que ha servido de base para los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y que el juez sospecha que contiene información procedente del hackeo de los ordenadores del clan catalán.
Este primer dispositivo de almacenamiento contiene correos electrónicos que datan de hace 15 años y que se encontraban en los ordenadores de Jordi Pujol Ferrusola y su socio Jordi Puig, hermano del ex conseller de Convergència i Unió (CiU) Felip Puig, en su despacho barcelonés de la calle Ganduxer.
El pendrive originario sirvió a la Udef para acusar a ex altos cargos del PP como Juan Costa o José Manuel Fernández Norniella de estar implicados en la trama para conseguir financiación pública para los negocios del clan catalán fuera de España. Pero también para involucrar al empresario Zourab Tchkotoua, íntimo amigo del Rey Juan Carlos, en la obtención de un contrato ferroviario en Marruecos para la familia Pujol, o para sostener que Jordi Pujol Jr. también tuvo negocios con Alberto Portuondo, testaferro del ex ministro popular Rodrigo Rato.
La nueva entrega al juez ha sido materializada por el responsable de la Udef y, según aseguran fuentes policiales, se encuentra relacionada con la información referida anteriormente. Es decir, el contenido del primer pendrive estaría relacionado con el del segundo.
Este episodio resulta particularmente llamativo toda vez que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional emplazó el pasado miércoles al ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y al también comisario Marcelino Martín Blas para que acrediten la procedencia de las pruebas que contiene el primero de los dispositivos. Ambos deberán comparecer en la Audiencia Nacional los días 16 y 17 de este mes.
La aparición repentina de este lápiz de memoria agrava todavía más la preocupación del juez De la Mata y de la Fiscalía Anticorrupción ante una posible nulidad parcial del procedimiento, que podría haber sido contaminado por pruebas policiales obtenidas irregularmente. Fuentes del Ministerio Público señalaban ayer a este diario que dan prácticamente por perdida la parte de la causa que se ha nutrido de pruebas «de vigilancia». Una terminología que la Policía sustituye por «inteligencia policial» para no revelar su procedencia.
El juez De la Mata ha dictado una providencia en la que señala que obra ya en su poder el nuevo «pendrive marca Toshiba de 8Gb de capacidad». Que, «al parecer», añade el juez, «contiene datos que han sido utilizados por la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional en una investigación relativa a las presentes diligencias previas».
Es decir, que se trata de una información hallada tras «ordenar unos cajones y armarios» de las instalaciones policiales, que habría servido para la confección de informes aportados a la causa que todavía están por identificar.
A continuación, el instructor del caso Pujol emplazó ayer a la Unidad de Investigación Tecnológica el próximo 14 de febrero para la «apertura, volcado y análisis del dispositivo», cuyo contenido sigue siendo una incógnita.
Uno de los dos detectives contratados por la Policía para realizar investigaciones sobre la corrupción en Cataluña, y al que los mandos policiales interrogados por José de la Mata atribuyen la obtención de al menos uno de los pendrives,asegura a EL MUNDO que hay una estrategia en marcha para «cargarse el caso Pujol». Se trata de Antonio Tamarit, que señala que el clan catalán «está aprovechando la guerra policial para tratar de contaminar el procedimiento».
En este plan sitúa al que fuera su jefe en la agencia Método 3, Francisco Marco, «una persona muy cercana al abogado del ex presidente de la Generalitat» y que, recuerda, «está investigado por injurias, calumnias y simulación de delito». «Forma parte de las cloacas catalanas», indica.
Tamarit está citado por el juez José de la Mata el próximo día 23 para aclarar su implicación en la investigación policial junto al también ex detective de Método 3 Julián Peribáñez.
Este investigador admite haber realizado trabajos para la Policía sobre la corrupción en Cataluña, pero niega vinculación alguna con el controvertido pendrive. «Sí que hemos hecho otros trabajos para Interior, pero sorprendentemente no han salido a la luz y deben haberse quedado en el cajón de alguien».
Este detective privado confiesa que sus enlaces policiales eran el comisario Marcelino Martín Blas, su subordinado Eladio Rubén y el comisario José Manuel Villarejo.
«Sobre todo teníamos relación con Rubén, que era el que nos daba el dinero, nos pagaba los gastos y las dietas. Pero con Villarejo también me he visto varias veces, no lo niego, y Martín Blas daba las órdenes».
Asegura que esta unidad le encargó «trabajos vinculados con el caso Gürtel» que no han sido todavía judicializados. Concretamente, una investigación para determinar «por qué determinados atestados policiales que estaban secretos aparecían en manos de terceras personas». Asimismo, precisa que se le llegaron a encargar trabajos vinculados con la «guerra policial».
«Martín Blas me pidió en una ocasión que tirara de la lengua a Villarejo y le grabara en una reunión que tuve con él en la calle Loreto de Barcelona, pero dije no», afirma.