RAMÓN JÁUREGUI, EL CORREO 02/03/13
· El derecho a decidir no es más que un eufemismo de la autodeterminación y ésta no es una ingenua consulta, sino un mecanismo que conduce a la independencia.
No negaré la importancia de la divergencia surgida esta semana en el Congreso entre los diputados catalanes y el resto de diputados del PSOE. De entrada, porque era la primera vez que se producía en treinta años y, sobre todo, porque afectaba al llamado derecho a decidir de Cataluña, entrando así de lleno en el delicado proceso independentista de esa comunidad.
¿Por qué ha surgido este conflicto entre nosotros? Debo reconocer que no hemos podido consensuar la respuesta a la problemática surgida en Cataluña estos últimos meses, especialmente a partir de la Diada de septiembre 2012. Aquel 11 de septiembre una marea humana desbordó a todos y desde entonces, la reclamación de una consulta decisoria sobre el futuro de Cataluña, en o fuera de España, ha cobrado una fuerza enorme. El PSC incorporó a su programa electoral su defensa de una consulta legal y pactada con el Gobierno de España. La coincidencia de una propuesta de resolución de CiU y otra de Iniciativa, con esa promesa electoral, les llevó a votarla y romper así la unidad de voto con el conjunto del grupo socialista al que pertenecen.
Hasta aquí los hechos. Mi impresión es que el PSC no pudo evitar esta divergencia con el PSOE, pero tampoco lo quiso. No pudo porque era su compromiso electoral y no quiso, porque buscaba una reafirmación de autonomía respecto al PSOE en este asunto, ante el electorado y la ciudadanía catalana, que están masivamente seducidos por la falsa magia de la consulta.
No pudimos convencerles de que lo lógico era votar la propuesta de resolución que habíamos preparado conjuntamente y rechazar las propuestas auto deterministas de los demás. ¿Cuál era nuestra propuesta? En esencia era reconocer que la ciudadanía de Cataluña viene expresando en los últimos años una triple reivindicación: Una reformulación de su autogobierno muy acentuada desde la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó algunos aspectos de la reforma del Estatuto de Cataluña, que el pueblo catalán ya había votado en referéndum; un modelo de financiación que les genera agravios económicos por su contribución a la solidaridad con las regiones más pobres y que en los últimos años ha provocado un fuerte movimiento para la aplicación a Cataluña del modelo de concierto económico del País Vasco y Navarra; y por último, una creciente y peligrosa sensación de que España no comprende y no acepta las singularidades culturales, históricas o políticas de Cataluña.
Nuestra resolución ofrecía diálogo para abordar estos temas y proponía la apertura de un proceso de estudio y pacto para reformar la Constitución y, en su caso, para reformular su autogobierno que daría lugar a sendos refrendos, el de la Constitución de todos los españoles y el de su nuevo estatuto de solo los catalanes.
El PP ha rechazado todas las propuestas. La de CiU, la de Iniciativa y la de los socialistas. Hoy todo el mundo habla de la división socialista. Pero, no se equivoquen, el problema no es del PSC y PSOE. El problema es el de Cataluña y España. Los que se regodean y no callan con nuestra división me recuerdan a los que señalan la luna mirando el dedo. Porque, desgraciadamente, la entidad del problema está afectando seriamente a la construcción territorial de España, a su política autonómica, al modelo de financiación de nuestras comunidades (atención, también a la nuestra) y, en definitiva, al eterno problema de integrar a nuestros nacionalismos en una España plural.
Respecto al tema del famoso derecho decisorio, ha cobrado fuerza esta idea tan frecuente en la política de que una solución sencilla resuelve problemas complejos. Para empezar, hablemos con propiedad. Tal derecho, el de decidir, no es un derecho, sino una reivindicación política. El llamado derecho a la autodeterminación solo es tal cuando se trata de crear un Estado en una comunidad que recupera una independencia que tuvo y que le fue arrebatada, o cuando se trata de una descolonización, o cuando sufre una opresión cultural económica y política de un régimen autocrático. ¿Es eso Cataluña?
Yo no creo que una consulta resuelva nada. Al revés, lo estropea y lo rompe todo. A los que dicen que la consulta es «solo consultiva» hay que decirles que un refrendo de esa naturaleza es políticamente vinculante siempre. A los partidos que dicen que cuando llegue la consulta votarán contra la independencia hay que decirles que eso no es posible cuando la decisión viene precedida de una agenda reivindicativa tan cargada. Decir entonces que quieres quedarte como estás y sumarte a las fuerzas contrarias a la autodeterminación es sencillamente increíble. Por eso, soy de los que creen que el llamado derecho a decidir no es más que un eufemismo de la autodeterminación y que ésta, la autodeterminación, no es una ingenua consulta sino un mecanismo que, irremisiblemente, conduce a la independencia. Así ha sido siempre y en todo lugar, más tarde o más temprano, y por eso son los nacionalistas los que quieren la independencia, los que la reclaman.
Mis compañeros de Cataluña no quieren fracturar al pueblo de Cataluña en los extremos del péndulo identitario. No quieren romper con siglos de vida en común. No quieren perturbar los lazos que unen familias y pueblos entre Cataluña y España. Mis compañeros del PSC no quieren la independencia de Cataluña sino un mejor autogobierno en España. Y para eso, hablemos, dialoguemos, reformemos lo que haga falta, pero hagámoslo juntos. Por eso creo que, aunque grave, la divergencia no es ruptura. Por el bien del PSOE, desde luego, pero también y sobre todo, por el bien de Cataluña y de España.
RAMÓN JÁUREGUI, EL CORREO 02/03/13