PSE y PP participarán en el plan de paz pese a verlo escorado hacia la izquierda abertzale

PSE y PP adoptarán una posición «constructiva» a la hora de abordar el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, que ayer dio a conocer el lehendakari, Iñigo Urkullu. Pese a que consideran que el proyecto elaborado por Jonan Fernández se «desliza» hacia el lado de la izquierda abertzale, con el fin de sumar a EH Bildu a un acuerdo en materia de pacificación, ambas formaciones presentarán sus aportaciones al borrador –al parecer no serán pocas– con el fin de «mejorarlo».
Tres meses será el plazo del que dispondrán los partidos, como los colectivos sociales, para trasladar al Gobierno vasco sus respectivas reflexiones sobre el proyecto, eje de la política que desempeñará a lo largo de toda la legislatura la secretaría de Paz y Convivencia. En concreto, hasta el 20 de septiembre. Según reveló ayer Urkullu, el Ejecutivo tiene previsto dar el visto bueno definitivo al plan en el mes de octubre, tenga o no el respaldo deseado. Desde Lakua confían en lograr atraer al consenso a las cuatro grandes fuerzas políticas vascas, algo que se presenta cuanto menos complicado. Sobre todo, y ahí reside la clave, si el plan no logra alumbrar una lectura crítica del pasado compartida. Hasta ahora, la coalición abertzale se ha negado a hacer autocrítica.
Socialistas y populares comparten que es la antigua Batasuna la que tiene que dar un paso al frente y reconocer que «lo que se hizo estuvo mal», no ser los demás quienes «rebajen» sus exigencias para «contentarles». Ahora bien, tanto el PSE como el PP no quieren ofrecer una «falsa imagen» frentista –EH Bildu ha acusado a los populares en más de una ocasión de actuar en este sentido– y estudiarán al detalle el documento para debatir su contenido con el Gobierno vasco. Un camino cuyo desenlace está por ver, en el que también se encontrarán con la coalición abertzale. Tanto EH Bildu como el PSE llevarán sus propuestas a la ponencia de paz, que está previsto se reúna el próximo 26 de junio. No así la formación que lidera Arantza Quiroga, que decidió no participar en este foro, y tendrá que trasladar su punto de vista directamente al gabinete de Urkullu.
Los populares son los más críticos con el texto. Creen que satisface a buena parte de las demandas de la antigua Batasuna –hasta el punto de ver el borrador «equidistante»– y, por contra, «no es lo suficientemente contundente con ETA». No convence al PP, por ejemplo, que se «mezclen» a todas las víctimas llegando, a su juicio, a «equipararlas» o que el futuro centro por los afectados por el terrorismo vaya a estar «subordinado» al Instituto de la Memoria, que se ubicará en Gernika, como si se tratase de un proyecto de segundo nivel. La apuesta por realizar un programa sobre política penitenciaria, cuya competencia descansa en el Gobierno central, es la gota que ‘colma’ el vaso.

«Mapa del sufrimiento»
Que existen muchos recelos hacia el borrador del plan resulta obvio. De hecho, se trata de un escenario que para el Ejecutivo entraba dentro de lo posible. Si algo tienen claro en la secretaría de Paz y Convivencia es que el consenso, sobre todo en una cuestión tan delicada como la que está sobre la mesa, no se puede tejer de la noche a la mañana. Ni siquiera con el que se concibe como el ‘socio preferente’ del Gobierno vasco, el PSE. Todo apunta, sin embargo, a que alcanzar un acuerdo con los socialistas será el ‘eslabón’ más sencillo. La formación que lidera Patxi López presentará una contrapropuesta en la que se defenderá la necesidad de realizar modificaciones al texto en diferentes aspectos. En especial, en iniciativas y expresiones que consideran escoradas hacia las tesis de la izquierda abertzale. En el PSE sostienen que el programa para impulsar la reinserción de los presos es un «brindis al sol» que podría –así se lo advertirán al gabinete de Urkullu– cerrar la puerta o cuanto menos dificultar la interlocución con el Ministerio del Interior. Además, si algo preocupa en las filas socialistas es el «mapa del sufrimiento» de Euskadi que el Ejecutivo autónomo dará a conocer mañana.
Esta iniciativa consiste en la elaboración de un informe que recoja, sin valoración alguna, las diferentes vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el País Vasco en los últimos cincuenta años. El estudio ha corrido a cargo de Juan María Uriarte, Manuela Carmena, Ramón Múgica y Jon Landa. En el PSE temen que este mapa, que no se concibe como un listado, acabe por cobijar casos que den lugar a la polémica. Hace cinco años, Landa, entonces director de Derechos Humanos, presentó un informe sobre esta cuestión que identificaba 105 muertos y 538 heridos atribuidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que fue calificado de «humillante para las víctimas del terrorismo» por socialistas y populares.
Con apenas veinticuatro horas de recorrido, lo que está claro es que las dudas en torno al plan no se disiparán de inmediato. Es más, podrían incluso ir ‘in crescendo’ a medida que los partidos, así como los colectivos sociales, plantean sus aportaciones. Ayer mismo, Jonan Fernández lo presentó en Bilbao a diferentes asociaciones que trabajan en el ámbito de la paz, con el fin de conocer su primera impresión. El Gobierno vasco consultó a parte de ellas antes de dar forma al borrador, por lo que no sería de extrañar que contase con su respaldo. Acompañado de la directora de
Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando, y del asesor de este área Txema Urkijo, el excoordinador de Elkarri subrayó que el plan debe de ser un marco «en el que tengan cabida todas las aspiraciones democráticas legítimas». Fernández se declaró consciente de que las cuatro grandes fuerzas de Euskadi «no coinciden en sus aspiraciones». Sin embargo, según remarcó, «eso no quiere decir que no puedan tener sitio».
El secretario de Paz y Convivencia reconoció que se trata de un proyecto «comprometido», elaborado «sin miedo» y subrayó que no esperaba que fuera recibido «con una ovación». «No hubiese sido lógico ni realista», señaló. Ahora bien, se congratuló por las reacciones «constructivas y responsables» que, a su entender, han protagonizado las cuatro grandes sensibilidades políticas. El próximo martes, Fernández podrá tomar la temperatura de los partidos de manera directa, ya que está previsto que comparezca en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento para dar cuenta del plan.