- Con un Gobierno de estas características nos encaminamos al abismo de la desvertebración definitiva de España y las independencias de sus partes
El Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña se reunieron con pompa y boato la semana pasada para pactar las nuevas cesiones del primero al segundo. Esta circunstancia es un hecho que se repite desde tiempos inmemoriales: cada vez que un partido político nacional o el Gobierno de España se reúne con un partido político nacionalista o un gobierno autonómico gobernado por nacionalistas, la pregunta previa a responder después de la reunión es cuánto vamos a ceder el conjunto de los españoles a los nacionalistas para contentarlos: aportaciones dinerarias, mantenimiento de determinados privilegios o, como en este caso, cómo sortear o vulnerar una sentencia del Tribunal Constitucional o la Constitución misma. Es la base del diálogo y la negociación en España: cuánto vamos a ceder a las minorías reaccionarias el conjunto de los ciudadanos españoles. Como los nacionalistas son insaciables y los que deberían oponerse a sus atropellos son irresponsables, a estas y otras cesiones que vengan después les seguirán otras y así hasta el infinito, o hasta que todo se torne insostenible. Todo vale para que aprueben los Presupuestos Generales del Estado, mantengan su apoyo al presidente del Gobierno, se comprometan a vulnerar la legalidad vigente pero lo hagan disimuladamente o no aboguen por un nuevo golpe de Estado. Es la historia de nuestra vida.
En lugar de velar por el cumplimiento de la Constitución Española y las sentencias judiciales, el Gobierno de Sánchez apoya una ley que vulnera nuestra Carta Magna
Esta tercera reunión de la llamada Mesa de Diálogo y Negociación ha terminado con el apoyo expreso del Gobierno de España a la ley aprobada por el parlamento catalán que suprime el 25% del castellano en las aulas, y su compromiso a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan en catalán a quien lo solicite. Además, ambos ejecutivos han acordado promover el uso del catalán en el Senado, el Parlamento Europeo y en distintos foros internacionales. Como ven, cuestiones que nos importan a todos. En lugar de velar por el cumplimiento de la Constitución Española y las sentencias judiciales, el Gobierno de Sánchez apoya una ley que vulnera nuestra Carta Magna; y en lugar de hacer respetar el derecho a estudiar en español en cualquier parte de España, incluida Cataluña, decide cancelar y enterrar ese derecho. En lugar de defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos residentes en Cataluña, más apoyo a los nacionalistas que los vulneran. En lugar de comportarse como un partido de Estado en defensa del interés general y el bien común, más políticas nacionalistas para la desmembración de España. En esto se ha convertido el PSOE: en una sucursal del PSC en el resto de España. Si el PSC es el gran responsable de la deriva nacionalista de aquella comunidad autónoma, el PSOE es su tonto útil y el cómplice necesario, a mayor gloria de la burguesía catalana y en perjuicio especialmente de la clase trabajadora y los ciudadanos más vulnerables. Y se dicen de izquierdas.
En la reunión cupieron más estupideces, como la última acuñada por los bobos que manejan el cotarro: eso que ha venido en llamarse la «desjudicialización de la política«, que no es sino la impunidad para «los nuestros y nuestros socios preferentes», que podrán vulnerar la legalidad vigente y las sentencias judiciales y ante lo cual la Justicia no deberá inmiscuirse. «¿Qué hay de malo en ello?», se preguntaría Ibarretxe. Si un ciudadano corriente no paga sus impuestos como la ley manda, será perseguido hasta que pague y deberá pagar con multa e intereses; si los socios de Sánchez vulneran la legalidad vigente, se incumple la ley hasta que consigan cambiarla. Mientras tanto, se les indulta. Y si denuncias tamaña injusticia, es que eres un facha.
Con un gobierno de estas características nos encaminamos al abismo de la desvertebración definitiva de España y las independencias de sus partes. Entonces ya no habrá ni ley común ni redistribución ni políticas sociales. Será la ley de la selva y el sálvese quien pueda. Mientras tanto, Joan Ignasi Elena, nuevo consejero de Interior de la Generalitat, nos acaba de recordar, para que nadie se lleve a engaño, que «el referéndum de autodeterminación es inevitable». Y el PSOE, sucursal del PSC, aspira a convocarlo.