La batería de medidas aprobada en el último Consejo de Ministros de 2023 obedece a la debilidad del partido con peso en la coalición. La presión interna de Sumar -reforzada desde el Parlamento por Bildu, ERC y Junts– ha obligado a Sánchez a prorrogar, con algún matiz, todas las ayudas vigentes contra la inflación. No era lo previsto. Tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogaban por cancelar buena parte de ellas.

El objetivo inicial era mantener el IVA reducido de los alimentos, pero retirar las rebajas de la energía y restringir el número de beneficiarios de los descuentos al transporte público. Ese planteamiento quedó reflejado en el Plan Presupuestario redactado a principios de octubre y remitido a Bruselas el día 15. El Gobierno comunicó a la Comisión Europea su intención de replegar las ayudas, con el objetivo de recortar el gasto y cumplir desde el principio con las reglas fiscales. De hecho, el Plan Presupuestario contemplaba un déficit del 3% en 2024 y una deuda inferior al 110% al cierre ya de este año.

La música sonó bien en Bruselas, pero no tanto la letra. El 22 de noviembre, la Comisión asestó una severa reprimenda a Moncloa. Según sus cálculos, España incumplirá la meta del déficit aun suprimiendo todas las ayudas contra la inflación. Los técnicos comunitarios, además, avisaban al equipo de Calviño: prorrogar las medidas sólo hasta mitad de 2024 obligaría a realizar un ajuste de 6.000 millones para cuadrar las cuentas.

Lo que ha hecho este miércoles el Gobierno es ir mucho más allá. No sólo no retirará la parte comprometida de ayudas, sino que mantendrá la mayoría durante todo el próximo año. La única excepción es la rebaja del IVA de la energía, que se irá retirando «de forma paulatina».

Los 12.000 millones que costarán las ayudas garantizan nuevas reprimendas de los organismos que vigilan las finanzas españolas, tanto nacionales como internacionales

La factura de todo lo aprobado en el último Consejo de Ministros superará los 4.000 millones de euros, a los que hay sumar otros 8.000 millones por la subida de las pensiones. En total, más de 12.000 millones que garantizan nuevas amonestaciones de los organismos que vigilan las finanzas españolas, tanto nacionales como internacionales.

Dentro de nuestro país, ni el Banco de España ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se creían la promesa gubernamental de devolver al déficit al 3%. Todavía resuenan en Moncloa los duros reproches que lanzó hace sólo dos semanas la institución que lidera Cristina Herrero. La AIReF acusó al Ministerio de Montero de no ser «realista» ni «creíble» y constató la falta de «medidas que sustenten la reducción del déficit hasta 2026».

Advertencias antes de los Presupuestos

La percepción es similar más allá de nuestras fronteras. A finales de noviembre, la OCDE empeoró las previsiones de PIB y déficit, y reclamó «una consolidación fiscal más sólida y sostenida para mantener la deuda pública en una senda descendente y crear espacio para un gasto que impulse el crecimiento».

La opinión de la Comisión Europea va en la misma línea. En la revisión el Plan Presupuestaria, mostraba su confianza en que España recortara el déficit con «los ahorros» recuperados tras la retirada de ayudas públicas.

La decisión de prorrogarlas obligará al Ejecutivo a dar explicaciones. En Moncloa hay confianza en que la sangre no llegará al río. Y no tanto por las simpatías que despierta Sánchez, que han ido decreciendo, sino por una cuestión de calendario. Hay elecciones europeas en junio y la renovación de la Comisión puede alejar el foco del Gobierno español, decidido a estirar los próximos Presupuestos hasta un nivel mucho más allá de lo sostenible.