El Gobierno sufrió ayer su primer tropezón grave. Un encontronazo parlamentario en toda regla que ha venido a mostrar el talón de aquiles de su minoría si el resto de las fuerzas políticas, principalmente PSOE y Ciudadanos, consiguen ponerse de acuerdo en su contra. El decreto con el que se pretende adecuar el sector de la estiba a las exigencias de liberalización comunitarias chocó de frente contra un muro de 175 noes y 33 abstenciones y quedó frenado de inmediato. El batacazo gubernamental tiene consecuencias graves desde el punto de vista político y europeo y, si no se reconduce de inmediato, también económico.
La votación de ayer ha supuesto una seria merma en la confianza del Gobierno y del PP en quien creían su «socio preferencial», Ciudadanos. La formación de Albert Rivera había asegurado su apoyo a un decreto que, admite, más pronto que tarde verá la luz en sus aspectos fundamentales, puesto que no cabe pensar en un desacato frontal de España a las sentencias del Tribunal de Justicia europeo, pero al que, sin embargo, en el último minuto optó por dar la espalda con una abstención.
El viraje –«traición», según el PP– de Ciudadanos, más por la forma y el momento escogido por el Gobierno para someter a convalidación su decreto que por el fondo del mismo, hace ahora dudar al Ejecutivo del grado de confianza que puede depositar en los de Rivera a la hora de acometer la que será su próxima gran batalla parlamentaria: el proyecto de Presupuestos para 2017.
Por lo que se refiere a las derivadas económicas cabe señalar que las mismas son muy sustanciosas. Por el momento, tal y como ya advirtió la Comisión Europea, España tendrá que hacer frente a una multa de 23 millones de euros, que sólo sería retirada si se convalidara de manera inmediata un decreto que recogiera escrupulosamente los requisitos liberalizadores del sector que impone el Tratado de la Unión. Además, en cuanto el Tribunal de Justicia emita su segunda sentencia contra España, algo que acontecerá en los próximos días, recaerá sobre las espaldas de los españoles una sanción coercitiva de 134.107 euros diarios, de acuerdo con los datos facilitados por el ministro de Fomento, y sin límite temporal. Una cantidad, sin duda, a la que no podría hacerse frente de forma indefinida.
Por lo que respecta a la vertiente europea, el prestigio de España como socio cumplidor de las normas y compromisos adquiridos queda evidentemente dañado, máxime si se tiene en cuenta que las advertencias de Bruselas respecto a la necesidad de acabar con el «monopolio» de la estiba en los puertos españoles data de hace varios años.
Ayer, tras el descalabro sufrido en la votación, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no dudó en achacar a la oposición, especialmente a PSOE y Ciudadanos, tener como único objetivo el querer castigar al Gobierno golpeando en el rostro a los propios ciudadanos, que serán quienes, a fin de cuentas, tengan que acabar pagando la multa millonaria que impondrá la Comisión si no se remedia el problema urgentemente.
Ahora se inicia un plazo de cuanta atrás que previsiblemente debería acabar el próximo martes, cuando de nuevo se reúnan empresas y trabajadores de la estiba para intentar llegar a un acuerdo sobre la base del texto propuesto por el Gobierno. Si así fuera, el Ejecutivo podría aprobar de nuevo el decreto en el Consejo de Ministros del viernes 24 y someterlo a convalidación de la Cámara en el mínimo plazo posible. Si el decreto obtuviera luz verde en Moncloa el próximo viernes, la Comisión mantendría paralizada la multa de 23 millones de euros, ya que, aunque a la espera de la convalidación parlamentaria, el texto estaría a todos los efectos en vigor. De la misma manera no cabría aplicar la sanción diaria de 134.000 euros. Ahora bien, si de nuevo el decreto fuera tumbado en la Cámara el castigo pecuniario sería inmediato.
La prueba de que en realidad tanto PSOE como Ciudadanos son conscientes de la obligatoriedad de acomodar la estiba a los requisitos europeos la encontró el Gobierno en el hecho de que ni uno ni otro plantearon la posibilidad de tramitar el decreto como proyecto de ley, para así poder introducir en el mismo las enmiendas oportunas. Es esto lo que, según De la Serna, demuestra que todo ha sido una maniobra parlamentaria para propinar un varapalo al Ejecutivo.
En el fondo, el Gobierno está convencido de que su decreto, quizá con algún retoque menor, porque Europa no da más margen, acabará siendo aprobado. Aun así, ello no evitará que a partir de ahora el Ejecutivo mire con muchos recelos a su alrededor, especialmente cuando vuelva los ojos hacia Ciudadanos. Las últimas 72 horas de negociaciones que mantuvieron con ellos, con conversaciones telefónicas y en despachos del Congreso y de los ministerios, así se lo demuestran.
Fernando Martínez-Maíllo y José Manuel Villegas fueron los encargados de canalizar la negociación, en la que, entre otros, también intervino el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. El partido de Rivera, muy implicado en este asunto, se abrió el miércoles a apoyar el decreto si el Gobierno se sentaba en la mesa y ofrecía un plan. El Ejecutivo lo hizo.
Los de Rivera pidieron entonces que, además, se pospusiera el decreto una semana porque no se contaba con el apoyo del PSOE. Los contactos con el Gobierno, en los que también se implicó la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se alargaron hasta la medianoche del miércoles y, puesto que la patronal y los sindicatos de la estiba no habían cerrado un pacto sobre la propuesta, Ciudadanos insistió en aplazar la votación. La formación naranja es partidaria del plan del Gobierno, pero pedía una reunión más para trasladar la presión en caso de rechazo a los sindicatos y al PSOE. La estrategia era repetir la escena de la investidura.
Una vez que el Gobierno se mantuvo firme, dirigentes de C’s trasladaron al Ejecutivo que se abstendrían. Los diputados naranja recibieron minutos antes del pleno la orden de cambiar su voto. El Gobierno cree que todo tenía desde el principio un único fin: el revolcón parlamentario a Rajoy.