El PSOE parece preferir a Ciudadanos como compañero de viaje para combatir la corrupción del PP desde el Congreso. Poco después de que Podemos exigiera ayer la convocatoria de un Pleno monográfico sobre corrupción «en menos de 48 horas», los grupos parlamentarios del PSOE y de Cs registraron una proposición no de ley conjunta para que el Pleno de la Cámara Baja repruebe al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, por «sus maniobras para obstaculizar la investigación sobre la corrupción del PP», explicaron fuentes socialistas.
Los dos grupos parlamentarios quieren que el Legislativo inste al Gobierno a destituir a los dos fiscales. Con toda probabilidad, según fuentes parlamentarias, contarán con la mayoría suficiente para conseguirlo, ya que el PSOE y Cs suman 116 diputados, y posiblemente tendrán, al menos, el respaldo de Unidos Podemos (67 más), con lo que la propuesta conseguirá la mayoría absoluta.
En opinión de los dos grupos, el fiscal Anticorrupción «ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales» de la operación Lezo y de otras causas de corrupción que afectan al PP. «Es absolutamente inadmisible que quienes están constitucionalmente encargados de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad realicen este tipo de actuaciones», asegura la iniciativa.
Para el PSOE y Cs, estos hechos «ponen bajo sospecha» a la Fiscalía. Por todo ello, los dos grupos parlamentarios reclaman el cese de ambos fiscales. En el caso del fiscal general, mediante acuerdo del Consejo de Ministros. En el de Moix, piden al Ejecutivo que lo remueva de acuerdo con los trámites que fija el Estatuto Orgánico del Fiscal.
La proposición no de ley recuerda que el fiscal Anticorrupción «ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción». Concretamente en la operación Lezo, que ha permitido el ingreso en prisión de Ignacio González, «se han conocido sus instrucciones contrarias a la realización de determinados registros». También intentó impedir, recuerda la iniciativa, que «se prorrogaran las escuchas a los investigados nada más llegar a la jefatura de la Fiscalía Especial».
Ayer también, Ciudadanos solicitó en el Congreso que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparezca en comisión para explicar la reunión que su número dos mantuvo en el Ministerio con el empresario Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y detenido junto a él en el marco de la operación Lezo.
La formación naranja insta al ministro a «aclarar los motivos» del encuentro entre Pablo González y el secretario de Estado del Interior, José Antonio Nieto, que se produjo el 8 de marzo, un día después de que Ignacio González se enterara de que él y su hermano estaban siendo investigados por la Guardia Civil por el caso del Canal de Isabel II. A Ciudadanos no le convencieron las explicaciones que dio Zoido el martes en el Senado.
Por último, Podemos y Compromís también pasaron a la ofensiva. Ambos plantearán mañana a la Mesa del Congreso la celebración de un Pleno monográfico sobre corrupción en un plazo de «48 horas» en el que varios miembros del Gobierno, entre ellos, el presidente, Mariano Rajoy, den explicaciones por la corrupción que acosa al PP en Madrid y que ha puesto en cuestión la actuación de varios ministros y de la Fiscalía.
Los dos partidos subrayaron ayer que existe una «emergencia democrática» que justifica medidas parlamentarias más drásticas. Así, se propondrán cuatro comparecencias: la ya mencionada de Rajoy; la de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; y el ministro del Interior, José Ignacio Zoido.
Podemos necesita el apoyo del PSOE y de Ciudadanos en la Mesa para sacar adelante esta propuesta. Por el devenir ayer de las negociaciones, según las fuentes consultadas, parece que no lo conseguirá. Y es que ambos partidos apuestan estratégicamente por acelerar la constitución de la comisión de investigación por la financiación ilegal del PP, donde los comparecientes tienen la obligación de acudir y de decir «la verdad» so pena de cometer un delito. Algo que no pasa en los plenos.