Puigdemont, al Gobierno: «¿Está dispuesto a utilizar la fuerza?»

ABC 01/06/17

· El presidente de la Generalitat asegura que la coerción no evitará el referéndum

La Generalitat de Cataluña, en manos de la coalición independentista de Junts pel Sí (JpS), con el apoyo de la CUP, no piensa renunciar al referéndum secesionista. A la par, el Gobierno no permitirá que se celebre una consulta ilegal. Así las cosas, la cuestión está en saber cómo se resolverá el «choque». Eso fue lo que planteó ayer el presidente autonómico, Carles Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña: «¿Está dispuesto el Gobierno español a utilizar la fuerza contra Cataluña?».


· Buscar un aval

Coscubiela acusa a Puigdemont de «manipular» la resolución que cita a la Comisión de Venecia

Las palabras de Puigdemont en la sesión de control al gobierno autonómico fueron un mensaje en toda regla al Gobierno: «Creo que ya vale de jugar con esta ambigüedad; ya vale de flirtear en los confines de las costuras del sistema democrático».

Esta interpelación al Ejecutivo se produjo en respuesta a la pregunta previa de Jordi Turull, presidente parlamentario de JpS, quien hizo referencia –sin citarlo– al informe del Gobierno publicado ayer por ABC «diciendo que en Cataluña se vive un ambiente de una dictadura» y en el que se miden hasta 60 indicadores de calidad democrática, que sitúan a Cataluña en el grupo de territorios con un sistema similar al de los regímenes autoritarios.

Unos minutos antes, a otra pregunta de la CUP, planteada por Gabriela Serra, Puigdemont también hizo mención al hipotético uso de «la fuerza» por parte del Gobierno, señalando a la bancada del PP, después de que estos protestaran airadamente con risas por la mención de un informe del Síndic de Greuges que critica el nivel democrático de España : «Lo que les importa es la fuerza. ¿Puede que estén preparando medidas de fuerza?».

En cualquier caso, el presidente de la Generalitat se mostró firme en su defensa de convocar el referéndum secesionista y aseguró que no le desanimará ninguna supuesta amenaza coercitiva: «Ni disuadir, ni replantear, ni rectificar, ni recular».

Y añadió –otra vez dirigiéndose a la bancada del PP– que: «Nosotros votaremos y decidiremos. Y ese día, si quieren, pueden continuar riendo, pero quien se lo pasará bien y quien reirá lleno de felicidad y esperanza será el pueblo de Cataluña, que habrá podido, finalmente, decidir su futuro libre y pacíficamente. (…) E invito a todo el mundo que se sienta demócrata, aunque no quiera la independencia de Cataluña, que distinga entre el campo de la democracia y el campo de la no democracia».

Comisión de Venecia

Por otro lado, también durante la sesión de control parlamentario, Puigdemont informó del envío de una carta a la Comisión de Venecia para pedir su «colaboración».

Sin embargo, según figura en la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, el presidente autonómico se limita a describir la reciente relación epistolar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y apuntar que se pone «a disposición» del presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, para «cualquier aclaración al respecto».

El contenido de la carta fue criticado por Joan Coscubiela (CSQP) al considerarlo «una manipulación» de la resolución parlamentaria aprobada el pasado 18 de mayo instando al gobierno autonómico a iniciar el proceso para obtener el aval de la Comisión de Venecia y poder celebrar un referéndum independentista con algún aval internacional, aunque sea sin autorización del Gobierno. En este sentido, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reiteró al presidente de la Generalitat la petición de explicaciones en sede parlamentaria de los pasos que tiene previstos –en caso de tenerlos– para celebrar la consulta, advirtiéndole de que, en su opinión, «ustedes se han metido en un callejón sin salida» y «no han calculado mucho las consecuencias de sus decisiones, lo que supone una manifiesta irresponsabilidad».

Así, Iceta recordó que es prácticamente imposible que la Comisión de Venecia avale un referéndum unilateral, ya que «la primera condición» que el organismo fija para este tipo de consultas es que esté amparada por la Constitución.