A Pedro Sánchez se le empieza a tambalear el tinglado de la farsa y parece decidido a aplazar una nueva votación de la ley de amnistía en el Congreso hasta después de las elecciones gallegas. A ver si entre tanto suena la gaita de la candidata del BNG Ana Pontón -como pronostica el CIS de Tezanos- y Alfonso Rueda pierde el Gobierno Santiago con una ‘amarga victoria’ similar a la de Alberto Núñez Feijóo en los comicios generales del 23-J.
Como antídoto al vudú que hace Tezanos en Galicia desde el CIS las encuestas de las empresas independientes anuncian la mayoría una absoluta del PP en unos comicios que deberían celebrarse en julio y que Feijóo adelantó al 18-F al ‘calor’ del debate sobre la ‘ley de amnistía’ y sin esperar a las elecciones europeas de junio donde se anuncia una victoria conservadora en la UE.
Una ley de amnistía sobre la que once (de un total de quince) fiscales del Tribunal Supremo acaban de derramar un jarro de agua helada pidiendo a la Sala de lo Penal del TS, que preside Manuel Marchena, que impute por terrorismo a Carles Puigdemont, además de por malversación y puede que también por alta traición, si avanzan las investigaciones sobre la presunta implicación rusa o bielorrusa en el golpe catalán de 2017.
Deberían Rueda y Feijóo alertar a los potenciales electores de Vox sobre el riesgo cierto de que sus votos puedan favorecer las candidaturas de Besteiro y de Pontón
Lo que, en cierta manera, da la razón a Puigdemont cuando exige a Sánchez una amnistía ‘integral’ que el presidente considera inviable en el Tribunal de Justicia de la UE y en el Tribunal Constitucional, como probablemente lo habrá advertido a Sánchez su aliado Conde Pumpido.
De manera que, primero, vamos a ver qué pasa en Galicia donde el PP debería apretar las tuercas a Pontón, señalándola como la delegada en Galicia de la troika confederada que lidera Puigdemont desde Waterloo y en la que están implicados, además de Junts y ERC en Cataluña, PNV y Bildu desde el País Vasco.
Y también deberían Rueda y Feijóo alertar a los potenciales electores de Vox sobre el riesgo cierto de que sus votos, por insuficientes, no solo no sirvan para lograr algún escaño el 18-F sino que además puedan favorecer las candidaturas de Besteiro y de Pontón.
Lo que debía animar a Santiago Abascal a retirar en el último minuto (y no antes) sus candidaturas en Galicia dado lo mucho y muy grave que está en juego en España, y en línea con lo que declaró su secretario general Ignacio Garriga al afirmar que Vox y PP forman parte de la alternativa a Sánchez.
Galicia es el último cartucho de Sánchez que ve en Pontón la oportunidad para desestabilizar el PP nacional de Feijóo si no renuevan el Gobierno de Santiago. Lo que abriría la caja de Pandora del PP, con una posible candidatura de Isabel Ayuso a la presidencia del Partido, o de la diputada (la única con escaño en el Congreso para ejercer la oposición en sustitución de Feijóo) Cayetana Álvarez de Toledo, cuyo reciente alegato en la Cámara contra el desquiciado Félix Bolaños puso en valor el discurso implacable y la capacidad política de la muy destacada colaboradora de José María Aznar en FAES.
Galicia es el último cartucho de Sánchez que ve en Pontón la oportunidad para desestabilizar el PP nacional de Feijóo si no renuevan el Gobierno de Santiago
Mientras tanto, estamos asistiendo al lamentable e inútil espectáculo de la autodestrucción de la Fiscalía General del Estado que lidera Álvaro García Ortiz. El que pretende imponer a través de su teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde el criterio oficial de la fiscalía para decir que no hubo terrorismo en el golpe catalán de 2017, como asegura Pedro Sánchez en contra del criterio de la abrumadora mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo.
Una decisión de la Fiscalía del Estado que además no es vinculante para la Sala Penal del Tribunal Supremo que tomará libremente su decisión con la certeza moral de la opinión mayoritaria de once fiscales del TS. Lo que nos llevará muy probablemente a la imputación por terrorismo de Puigdemont y los demás encartados en Tsunami Democratic, obligando al Fiscal General del Estado, García Ortiz, en ese caso y por reiterada desautorización a dimitir.
El liderazgo de Sánchez está muy deteriorado por las amenazas de Puigdemont. Pero Sánchez sigue al mando, instalado en el palacio de La Moncloa y al frente de un enorme aparato de propaganda y de poder mientras sus portavoces insisten en que él seguirá adelante incluso en minoría aunque no logre aprobar la ley de amnistía.
Pero naturalmente siempre y cuándo Puigdemont no anuncie su disposición a volver a votar -como lo hizo hace pocos días- en la compañía de Vox y del PP pero en este caso en una moción de censura para derribar a Sánchez, por eso de ‘morir matando’. Que es posiblemente lo que hubiera gustado hacer a Pablo Iglesias cuando tenía cinco diputados antes de la marcha de Lilith Verstringe, porque ahora ya no lo puede hacer.