Durante la sesión de control celebrada ayer en el Parlament, Puigdemont comunicó en efecto que el lunes envió una carta a la Comisión de Venecia, el organismo europeo que emite dictámenes y asesora a los Estados sobre cómo se deben formular las convocatorias refrendarias. En la misiva, el presidente de la Generalitat traslada al ente dependiente del Consejo de Europa «la voluntad del Govern de Cataluña de celebrar un referéndum acordado con el Gobierno español sobre el futuro político de Cataluña» y añade que el presidente Mariano Rajoy «ha contestado negativamente a la oferta de diálogo». De este modo, el jefe del Ejecutivo catalán oculta que ya ha abrazado la unilateralidad para convocar la consulta.
«Estoy convencido de que estas informaciones, por su trascendencia política, son del interés de la Comisión de Venecia. En este sentido, me pongo a su disposición para cualquier aclaración al respecto», concluye la carta de Puigdemont dirigida al presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio.
El presidente de la Generalitat actuó a sabiendas de que este organismo sólo puede emitir opiniones a petición de gobiernos y de parlamentos estatales y estipula como requisito para postularse que la consulta en cuestión no contravenga la Constitución ni la legalidad.
De hecho, su treta no ha convencido al espacio político de Ada Colau, impulsor del acuerdo parlamentario que obligaba a Puigdemont a pedir el aval del Consejo de Europa.
Justo antes de acudir a Madrid para pronunciar la conferencia en la que invitó al Gobierno a negociar la fecha y pregunta del referéndum, el presidente de la Generalitat consiguió renovar el respaldo de los comunes aprobando una moción en el Parlament por la que se comprometía a pedir explícitamente el «asesoramiento, reconocimiento y aval» de la Comisión de Venecia a la consulta. Una propuesta de Catalunya Sí Que Es Pot –la marca que integra a Podemos en el Parlament– que salió adelante con los votos a favor de Junts pel Sí y la abstención de la CUP, dado que los antisistema abogan por la vía unilateral y rechazan el amparo de la UE.
Ayer, tras conocer el contenido de la misiva, el portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela, tildó de «burda manipulación» la carta remitida por Puigdemont, ya que «incumple» la resolución de la Cámara catalana al «no buscar [explícitamente] el aval y el reconocimiento» de la Comisión de Venecia al referéndum. Coscubiela acusó al presidente de la Generalitat de «hacer ver» que cumple los acuerdos «cuando no lo hace».
Este nuevo episodio agria todavía más la deteriorada relación entre el Govern y los comunes, que consideran el aval de la Comisión de Venecia una condición irrenunciable para que el nuevo partido de la alcaldesa de Barcelona y sus aliados en el Parlament respalden la convocatoria de la votación sobre la independencia de Cataluña.
Un vínculo con los comunes que ya saltó por los aires el pasado lunes, cuando ni Colau ni ningún otro representante de su nuevo partido de ámbito autonómico, Catalunya en Comú, acudió a la cumbre convocada por Puigdemont para urdir una respuesta al Gobierno tras constatar su negativa a negociar el referéndum.
Puigdemont presiona ahora a la alcaldesa de Barcelona para que avale la vía unilateral hacia la independencia, alegando que la cerrazón del Gobierno a pactar no deja otra salida para culminar el procés. Pero Colau y el coordinador de su nuevo partido, Xavier Domènech, llevan meses avisando al presidente de la Generalitat de que sólo respaldarán una consulta legal, vinculante y con reconocimiento internacional. Unas condiciones que están lejos de cumplirse después de que Rajoy haya ratificado su no a someterse a las exigencias de la Generalitat y ante el previsible caso omiso que el Consejo de Europa hará a la carta de Puigdemont.
¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE VENECIA?
Este organismo dependiente del Consejo de Europa emite dictámenes sobre cómo se deben formular las convocatorias de referendos.
Su Código de Buenas prácticas establece requisitos que los independentistas catalanes no cumplen, pues las consultas sobre las que se postulan no pueden contravenir la legalidad vigente en los países.
El Consejo de Europa es una organización que integra a todos los Estados europeos. No pertenece a la UE.