El Govern de Carles Puigdemont y la CUP incrementarán la presión fiscal a las grandes fortunas. Lo harán respondiendo a los intereses de ambas partes, puesto que no se modificará el tipo de gravamen sobre el IRPF –condición exigida por Junts pel Sí–, pero sí pagarán aquellos que más lujos se pueden permitir. Para conseguirlo se diseñará un nuevo impuesto sobre «activos no productivos» que gravará el patrimonio de los grandes capitales, pero sin entrar a cambiar el actual sistema de tributación «porque las competencias autonómicas de este impuesto son muy limitadas», según expuso ayer el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.
Con el nuevo impuesto tributarán «los bienes inmuebles, los vehículos de motor, embarcaciones y aeronaves que pertenecen a personas jurídicas y que no son utilizadas para ninguna actividad económica», sino que en muchas ocasiones son para uso particular. Dicho de otra forma, aquellos bienes personales que se ponen a nombre de una empresa porque de esta forma, además de no tributar por el impuesto de patrimonio, incluso pueden beneficiarse de otras medidas fiscales como la deducción del IVA o algún tipo de desgravación por el impuesto de sociedades.
El modelo, a falta de la concreción que ni Govern ni CUP quieren adelantar argumentando que están ultimando las negociaciones, se asemeja al Impuesto de la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF), tal y como lo formuló EH Bildu durante su mandato en la Diputación Foral de Guipúzcoa la pasada legislatura y que, durante su vigencia –unos dos años–, consiguió recaudar 116 millones de euros.
En este sentido, Salvadó, que en ningún caso quiso hablar de cifras o de «concesiones a la CUP», destacó que el nuevo impuesto responde a la voluntad de que la política fiscal en Cataluña «gane progresividad». No escondió, no obstante, que también ha sido la manera de «encontrar nuevas formulaciones tributarias que generen consenso [en referencia a las cesiones obligadas para obtener el apoyo político de la CUP a los presupuestos] desde la imaginación y la creatividad para encajar, por un lado, las preferencias políticas y, por otro, encontrar los espacios que aún no están ocupados por la fiscalidad estatal».
Ésta es la fórmula que ha hallado el Govern para atender la demanda de la CUP de crear un impuesto que gravara la riqueza y las grandes fortunas y conseguir así su aval para continuar con la negociación de los presupuestos de 2017, aunque el nuevo gravamen deberá tramitarse a través de una ley específica y no se incluirá en la ley de medidas de acompañamiento a las cuentas. Prevén recaudar 180 millones de euros.
La que sí que estará incluida será la modificación de la deducción del IRPF por compra de vivienda, para eliminarla a quienes adquirieron un piso con una renta superior a 30.000 euros.
La CUP someterá el documento a aprobación de su consejo político, que se celebrará el sábado en Artés (Barcelona) después de que estos días haya obtenido el beneplácito en las asambleas territoriales de la formación antisistema.
La divergencia de criterio sobre la presión a las rentas se puso de manifiesto ayer mismo en el Parlamento catalán, al rechazarse una moción del PSC para que la Cámara instara al Govern a subir el IRPF a las rentas altas. La medida no prosperó gracias a los 70 votos en contra de Junts pel Sí y el PP, mientras que la CUP, Catalunya Sí que Es Pot y el PSC votaron a favor –los 23 diputados de C’s se abstuvieron–. En Cataluña, el tipo máximo es del 48% por encima de 175.000 euros, tres puntos más de lo que tributan los mismos ingresos en otros territorios que han seguido la política de rebaja fiscal del Estado.
Así, los tipos de gravamen del IRPF en Cataluña quedarán inalterados no sólo porque el Parlamento lo haya tumbado, sino también porque para contentar a la CUP se modificará la deducción adicional que la Generalitat aplica a las familias por la compra de vivienda. La argumentación que esgrimen desde Economía es que con el aumento del IRPF a las rentas más altas se conseguiría una recaudación de unos 11 millones de euros, y que con los cambios en las desgravaciones por vivienda conseguirán dejar de subvencionar ese mismo importe. En concreto, lo que propone el Govern a la CUP afecta a la deducción del 1,5% adicional al 7,5% que como autonomía aplica a cuatro supuestos, de los que únicamente en un caso queda limitado a rentas de menos de 30.000 euros. De ahí que al ampliar la limitación haya unos 200.000 contribuyentes –de los pocos más de 800.000 que pueden acogerse actualmente– que no podrán beneficiarse de la deducción y, con ello, según los cálculos de Economía, la Generalitat ingresará 10 millones más.
También se contempla suprimir la deducción por inversión en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para ingresar un millón en 2018, e incrementar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compra de inmuebles de más de un millón de euros, para compraventas de oro y para actos jurídicos documentados en relación a viviendas de segunda mano adquiridas por empresas, con el objetivo de reportar 27 millones más. Las bebidas con exceso de azúcar también se gravarán con un nuevo impuesto que prevé recaudar entre 30 y 40 millones. Se modifica además la tasa turística para aumentar la tarifa a las viviendas en ciertos ámbitos del territorio y para que tributen los usuarios de los cruceros, independientemente de su estancia, para recaudar siete millones más.
Respecto a las tasas que se diseñaron en la anterior legislatura y que están pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional o han sido cuestionadas por la Unión Europea, el Govern ha intentado rediseñarlas para soslayar las trabas regulatorias.
Se crea otro impuesto sobre riesgo ambiental de los elementos radiotóxicos para gravar la energía nuclear –pese a la suspensión del anterior por parte del TC–, con el que quieren recaudar 28 millones en 2017 y 60 millones en 2018. Y, en el caso de la tasa a las grandes superficies –que la UE considera una ayuda de Estado implícita para el pequeño comercio–, ahora tributarán por el número de vehículos que accede a sus instalaciones.