ABC – 07/09/16
· El Parlament tramita la ley de hacienda propia y la Generalitat anuncia la apertura de cuatro «embajadas» más
· La fiscal general advierte de que actuará ante el TC y recurrirá a la vía penal.
· «Desprecio al ordenamiento» Madrigal avisa a los secesionistas de que no hay legitimidad fuera de la Constitución y califica de «desprecio al ordenamiento» la ruta catalanista.
Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy entró en modo «en funciones», hace ya más de 300 días, los independentistas catalanes han visto en este «impasse» de final sin fecha una ventana de oportunidad para avanzar en su proceso secesionista. Y, como muestra, ayer. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aprovechó su discurso en el Acto de Apertura del Año Judicial celebrado en el Tribunal Supremo para advertir a los «sectores independentistas» de que acudirá a todas las vías jurisdiccionales, incluida la penal, si siguen adelante con su hoja de ruta al margen de la ley. Y mientras, en Cataluña, el Parlament y la Generalitat consumaban dos afrentas más en pos de su objetivo secesionista.
Por un lado, la Mesa del Parlamento catalán –con el rechazo de C’s, PSC y PP– admitió a trámite la proposición de ley presentada por Junts pel Sí y la CUP para la creación de la futura Agencia Tributaria de Cataluña. Por otro lado, el Gobierno de Puigdemont acordó abrir cuatro nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero, las llamadas «embajadas», en Copenhahague, Varsovia, Zagreb y Ginebra.
La ley de la hacienda catalana es una de las tres leyes llamadas de «desconexión», a la que se suman la de la Seguridad Social propia –ya en trámite parlamentario– y la de Transitoridad Jurídica.
La proposición de ley, fruto de una ponencia en la que sólo participaron JpS y la CUP, prevé entre otros aspectos la creación de la citada Agencia Tributaria de Cataluña, de un Consejo Fiscal –un órgano asesor en el que figurarían académicos y expertos en materia tributaria– y de una Junta de Tributos.
La hacienda catalana acaba de iniciar su trámite parlamentario y se prevé con trabas. Ciudadanos ya advirtió que recurrirá la futura ley hasta el Tribunal Constitucional (TC) si no se adecúa a la legalidad. El mismo tribunal que este mes se reunirá para dirimir si abre la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por dar trámite a las conclusiones de la comisión proceso constituyente. Forcadell desoyó, entre otros «avisos», la sentencia del TC de diciembre pasado que suspendió la declaración de ruptura del 9-N de la cámara catalana. Una declaración que precisamente incluía impulsar las leyes de desconexión como la de la hacienda catalana…
En presencia del Rey
Ante este desafío, calificado de «total desprecio al ordenamiento constitucional» por Madrigal, la Fiscalía Gejefa neral del Estado estará enfrente. La de los fiscales insistió ayer en que actuará siempre que sea necesario. El Rey; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el presidente del TC Francisco Pérez de los Cobos y otras autoridades judiciales escuchaban.
Madrigal defendió que no existe ninguna legitimidad más «que la fundada en la Constitución», en alusión a los hechos consumados sobre los que camina el secesionismo. La fiscal no dejó de citar y defender la sentencia del TC que anuló la declaración de ruptura del Parlament catalán, que anunció su desconexión el 9 de noviembre de 2015.
En la misma línea, la fiscal general expresó que la construcción del Estado de Derecho, y cualquier modificación, no pueden nunca encarrilarse «al margen de la ley y los procedimientos establecidos». Y señaló que «determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia». También reconoció, aun así, que «ni la ley ni la Constitución son inmutables», pero su reforma requiere el consenso de la clase política.
Tras el aviso de Madrigal, los partidos secesionistas no tardaron en darse por aludidos y responder. Esquerra Republicana y la antigua Convergència reclamaron explicaciones a la fiscal general y anunciaron que solicitarán su comparecencia en el Congreso. La consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Neus Munté, fue más allá y criticó que empleara «terminología de combate» y reflexiones «políticas».
Otro aspecto clave del proyecto secesionista es la internacionalización. Y para esta empresa la Generalitat se sirve de sus «embajadas», delegaciones en el extranjero. Tras su reunión ordinaria, el Ejecutivo catalán anunció que abrirá cuatro delegaciones más en el extranjero. Serán en Copenhague, Varsovia, Zagreb y Ginebra. Estas se suman a las que ya cuenta el Gobierno catalán: Unión Europea, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Alemania, Italia y la de Portugal abierta anteayer. El anuncio hecho ayer por el consejero de Exteriores y Transparencia, Raül Romeva, se enmarca dentro del plan de expansión de «embajadas» del Ejecutivo de Carles Puigdemont, que cuenta con otras cinco aperturas previstas: Vaticano, Marruecos, Buenos Aires, México y Seúl. Es decir, 17 en total. «Cataluña debe tener la representación exterior de un país con vocación de ser un estado», argumentó Romeva.
El anuncio también se lee en clave interna. La Generalitat anunció su plan de expansión de «embajadas» el pasado junio, cuando intentaba que la CUP no vetara los presupuestos. Pero los antisistema no cambiaron de opinión.
Ahora, las cuatro nuevas «embajadas» también se condicionan a la aprobación de los presupuestos para 2017, que Junts pel Sí y la CUP comenzarán a negociar esta semana.
ABC – 07/09/16