En mitad de la negociación entre PSOE y Junts para consensuar una nueva redacción para la ley de amnistía que permita sacarla del callejón sin salida en el que se encuentra por el encastillamiento de los independentistas en «blindar la ley» frente a futuros movimientos de los jueces, los de Carles Puigdemont han lanzado un nuevo órdago a Pedro Sánchez.

Con el voto de los posconvergentes, la Mesa del Parlamento de Cataluña ha tramitado este martes una Iniciativa Legislativa Popular para reclamar a la cámara territorial una declaración unilateral de independencia.

Parece evidente que Junts pretende exhibir su fuerza frente al PSOE, que sigue negándose a aceptar unas enmiendas que incluyan el terrorismo y el delito de traición en la amnistía. Y lo hace precisamente el mismo día en que otra Mesa, la del Congreso de los Diputados, ha prorrogado hasta el 7 de marzo el plazo para las enmiendas a la proposición de ley que Junts tumbó el mes pasado.

Puigdemont no se conforma por tanto con una medida de gracia a medida para limpiar sus delitos. Se ha propuesto también, en su ánimo revanchista contra el «Estado español» que lo condenó al «exilio», vengarse de la Moncloa con reiteradas humillaciones.

No cabe leer de otra forma el ‘sí’ de su partido al texto de la ILP, que habla de la «soberanía única» del pueblo catalán y del Parlamento de Cataluña como único representante de la misma, para declarar unilateralmente la independencia.

El gesto de Junts echa por tierra, una vez más, el discurso ad hoc muñido por el PSOE en la Exposición de Motivos de la Ley de Amnistía. En él se habla del «reencuentro» entre catalanes y de los catalanes con el resto de España. Un «diálogo» para el que sería necesario «desjudicializar» el «conflicto político».

Nada de esto era sin embargo imprevisible. Porque Junts replicó muy pronto que la amnistía no servía para cerrar nada sino que, al contrario, permitía hacer tabla rasa y abrir una nueva etapa que sólo podía acabar con un referéndum de autodeterminación.

En la ILP de este miércoles, Junts avala que «la independencia de Cataluña es la única alternativa viable». También vuelve a pronunciarse a favor de la tesis de que «cualquier tentativa federal, de recuperación estatutaria o de concierto económico, teniendo en cuenta la imposibilidad de reformar la Constitución, representa una fantasía irrealizable».

Que esta contumacia en la unilateralidad ha contrariado a los socialistas lo prueba que los representantes del PSC en la Mesa, los únicos que han votado en contra, han protestado por el hecho de que el Parlament se preste a debatir «una iniciativa extemporánea que persiste en los errores del pasado en un momento en el que la sociedad catalana apuesta por pasar página a diez años que no han sido nada buenos para Cataluña».

El PSOE se resiste sin embargo a asumir que Junts no tiene ningún interés en «pasar página». De hecho, que el Parlament pueda llegar a debatir una vez más sobre la independencia nos devuelve prácticamente al escenario de 2017.

Los paralelismos con el año en que empezó todo son evidentes.

Como entonces, se ha admitido a trámite una iniciativa por la independencia a pesar de contar con un informe desfavorable de los letrados del Parlament que advierte de su inconstitucionalidad.

Y al igual que en 2017, el Parlamento catalán se ha prestado a debatir una legislación que, por abarcar cuestiones que afectan a la forma misma del Estado y a la definición del sujeto de soberanía, excede el ámbito de competencias de la Generalitat.

Es cierto que ERC, en la línea pragmática y posibilista que viene ensayando para marcar perfil propio frente a Junts, se ha abstenido en la votación.

Pero son los mismos socios con los que el PSOE está explorando fórmulas «imaginativas» para sacar adelante una «amnistía integral» los que están alentando a la cámara autonómica catalana para que, extralimitándose en sus funciones y violando la Constitución y los derechos fundamentales del resto de españoles, allane el camino a la independencia.

Tras este déjà vu de la DUI de 2017, y en la encrucijada de tener que elegir entre satisfacer a quienes insisten en incluir en la ley los delitos de terrorismo o cumplir con los límites impuestos por Bruselas, ¿con qué argumentos va a defender Sánchez que la amnistía sirve a la reconciliación y la mejora de la convivencia?