EL MUNDO – 28/05/16
· El ‘president’ rechaza tener responsabilidad en la rebaja crediticia de la deuda catalana.
· El tiempo apremia y no habrá prórrogas. Es el mensaje que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lanzó ayer en Madrid al Gobierno central –al actual, en funciones, presidido por Mariano Rajoy, y al que surja de las urnas el próximo 26 de junio–, porque «la paciencia no es infinita» y los catalanes que apoyaron el independentismo «no se quedarán de brazos cruzados».
Aseguró no querer hablar de «última oportunidad» pero sus palabras sonaron a eso, a ultimátum. Y para que no quedara ninguna duda advirtió de su firme voluntad de cumplir con la hoja de ruta que los catalanes «avalaron con sus votos» el pasado 27 de septiembre, y quedó confirmada en enero cuando él asumió la presidencia en sustitución de Artur Mas.
La senda está trazada y llegará a meta dentro un año. Será entonces, como explicó con toda nitidez, cuando estará en condiciones de convocar nuevas elecciones con carácter constituyente, someter el texto de Constitución catalana que elabore el Parlament a referéndum y, finalmente, «formalizar la declaración de independencia».
En consecuencia, el Gobierno central está aún a tiempo de demostrar «coraje» y sentarse a dialogar para llegar a una «solución acordada» que satisfaga las aspiraciones de Cataluña.
Los puntos susceptibles de ser pactados son, según precisó, la fecha de la consulta; el texto de la pregunta; el quorum necesario, e incluso el plazo en el que no podría celebrarse un nuevo referéndum en el caso de que el primer intento se saldara con un no a la «desconexión».
El presidente de la Generalitat se expresó en estos términos en un desayuno informativo del Fórum Europa al que no acudió ningún representante del Gobierno de Mariano Rajoy pero en el que estuvo respaldado por varios de sus consejeros y por diputados y senadores de Convergència.
En su opinión, el Estado muestra una total «despreocupación» respecto a las demandas y aspiraciones de Cataluña. Algo inquietante porque las mismas, recordó, fueron respaldadas por dos millones de catalanes que en las elecciones del pasado 27 de septiembre «pidieron darse de baja, cancelar su suscripción» a España. Y esa cifra, recalcó, «es el 8% del total de los votantes españoles».
Puigdemont explicó que pedirá una reunión con quien consiga formar gobierno tras el 26-J con el fin de abordar el medio centenar de puntos que ya le trasladó a Mariano Rajoy en el primer y único encuentro que han mantenido ambos hasta la fecha en La Moncloa. Y además, abordar la mejor manera de poner en marcha el proceso de desenganche por el que apostaron los catalanes en las urnas.
Para que el proceso discurra por cauces que «convengan a ambas partes» es necesario, según el presidente de la Generalitat, que el Estado dialogue «con ganas de llegar a acuerdos» y, en consecuencia, que «deje de pensar que esto es un asunto pasajero de políticos enloquecidos y ciudadanos engañados». Él mantiene, de hecho, que la sociedad catalana «está convencida de que el Estado español es un muy mal Estado para los catalanes». Pese a todo, ayer afirmó que los ciudadanos de Cataluña no quieren «desentenderse» de España, «sino reentenderse».
La solución, no obstante, no pasa según él por la reforma federal de la Constitución que propone el PSOE. Algo que para él no pasa ya de ser una vaguedad, un simple titular que cabe en un tuit.
El presidente de la Generalitat no pudo obviar durante su comparecencia las preguntas que se le dirigieron a propósito de la nueva rebaja de la calificación crediticia de la deuda catalana, que ha sido situada a un nivel inferior al bono basura por la agencia Moody’s.
Puigdemont aseguró que su Gobierno en esta cuestión tiene «poquísima responsabilidad». El president reclamó la capacidad de recaudar los impuestos y gestionarlos y aseguró que, si así fuera, se vería entonces la calificación que las agencias de rating otorgaban a la deuda de Cataluña.
Junqueras culpa al gobierno de su mal ‘rating’
La agencia de calificación Moody’s ha anunciado a los inversores su dura decisión de degradar la deuda de la Generalitat de Cataluña desde su actual nivel de bono basura de Ba2 al de Ba3 «con perspectiva negativa». Este hundimiento supone la peor nota nunca otorgada por Moody’s a una comunidad española y la sitúa, por ejemplo, por debajo de Nigeria y Bangladesh, aunque sigue por encima de Grecia.
La decisión se conoció pocas horas antes de que el ‘conseller’ de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, participara en las jornadas económicas del Círculo de Economía, donde tuvo que hacer frente a las dudas que anuncios como éste generan en el sector empresarial sobre la viabilidad económica de Cataluña, inmersa en el proceso soberanista.
El también vicepresidente del Gobierno catalán intentó quitar hierro al asunto e intentar que al selecto auditorio económico le quedara una cosa clara: el Estado es corresponsable de las calificaciones que recibe Cataluña. Junqueras argumentó que los ‘rating’ sobre administraciones que no tienen el control sobre la totalidad de sus ingresos «no tienen ningún sentido». «El ‘rating’ tiene sentido cuando se calcula sobre una administración pública que tiene control sobre ingresos y gastos», cosa que no ocurre en el caso de Cataluña. «Sólo tenemos control sobre el 5% de los ingresos (correspondientes a los tributos propios y cedidos) el responsable máximo sería el Estado español que controla el resto de los recursos».
EL MUNDO – 28/05/16