EL MUNDO 21/04/16 – EDITORIAL
· El Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó ayer tras la reunión con Mariano Rajoy que no percibe «vocación de entendimiento» en el Gobierno. Efectivamente ese entendimiento resulta imposible cuando, como explicó Puigdemont, la finalidad de su viaje a Madrid era presentar «la hoja de ruta» para convertir a Cataluña «en un Estado independiente». Esas fueron sus palabras textuales.
Tras subrayar que su estrategia política se va a centrar en el próximo año y medio en construir estructuras de Estado e iniciar la desconexión con España, Puigdemont presentó a Rajoy una larga lista de reivindicaciones. Entre ellas, figuran la realización de una consulta vinculante sobre la independencia, la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, un nuevo sistema de financiación, la aceptación del modelo lingüístico que margina al castellano, el traspaso de nuevas competencias y el reconocimiento de la acción exterior de la Generalitat.
Puigdemont también pidió la materialización de unas inversiones de 3.800 millones de euros, aplazadas desde 2011 y la elevación del techo de déficit hasta un 1,07%. Horas antes, el ministro de Hacienda había anunciado una flexibilización de las condiciones del Gobierno, que permitirá este año un déficit del 0,7% de su PIB a las autonomías, cuatro décimas más de lo previsto. Además, Hacienda ya se había comprometido a incrementar su aportación a las comunidades en una cantidad cercana a los 7.400 millones de euros respecto al ejercicio pasado, a lo que suma la refinanciación de la deuda a través del FLA a coste cero.
¿Qué ofreció el presidente de la Generalitat a cambio de las decenas de peticiones que presentó al Gobierno de la nación? La respuesta es nada. El único compromiso reside en acelerar el calendario para proclamar la independencia, como Puigdemont escenificó ayer.
La Generalitat ha cerrado el año pasado con un déficit cuatro veces superior al previsto y de nuevo –por enésimo ejercicio– pretende incumplir con los objetivos que marca Hacienda. Lo ha dicho Oriol Junqueras por activa y por pasiva, insistiendo en que el Gobierno del que forma parte no se siente comprometido con esas previsiones, aunque naturalmente exige que el FLA refinancie este año 7.000 millones de euros de deuda de la Generalitat, además de un anticipo para hacer frente a los gastos más urgentes.
Si la visita de Puigdemont a La Moncloa ha servido para algo, es para poner en evidencia la relación de absoluta asimetría entre el Gobierno y la Generalitat, que se traduce, dicho en pocas palabras, en que el independentismo catalán considera que el Estado tiene que seguir financiando el proceso sin límite alguno sin recibir a cambio otra cosa que no sea la deslealtad institucional.
Hay que insistir en que el Gobierno de Puigdemont pretende a la vez soplar y sorber la sopa. No puede pedir, como hizo ayer, que el Gobierno retire los recursos contra las disposiciones que vulneran la Constitución y luego afirmar que van a seguir con el proceso de desconexión con el Estado.
Es cierto –y esto hay que reconocerlo– que las formas del nuevo presidente de la Generalitat son más correctas que las de Artur Mas y que ayer el encuentro se produjo en un clima de mayor distensión, como reflejaban las expresiones, pero en el fondo nada ha cambiado. Puigdemont subrayó que él se siente vinculado por la hoja de ruta independentista, que, según sus palabras, cuenta con la mayoría parlamentaria para seguir avanzando en el proceso. Si esto es así, ¿cómo puede albergar la pretensión de que el Estado mejore la financiación de Cataluña o le ayude a poner en marcha un poder judicial independiente o a efectuar una consulta ilegal?
Es evidente que los conflictos políticos se resuelven con diálogo, pero lo que el Gobierno de Cataluña ofrece es la imposición sin matices de un proceso que lleva a la ruptura del Estado y que excluye a la mitad de su población. Y pretende que Rajoy colabore con ese dislate.
No es posible hacer ya más concesiones cuando la otra parte se niega a acatar la ley y opta por tramitar normas que el Constitucional ya ha decretado que rompen nuestro ordenamiento jurídico. En este contexto, el Gobierno no puede aceptar ninguna de las exigencias de la Generalitat ni seguir refinanciando su deuda si antes Puigdemont no asume una serie de compromisos básicos como respetar las reglas de juego. El que nada ofrece a los demás, tampoco puede esperar nada del prójimo. Esa es la respuesta que merece el independentismo catalán.
EL MUNDO 21/04/16 – EDITORIAL