La consulta a los socialistas sobre si «apoyan el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y otras formaciones políticas» refrendará la necesidad que tiene el PSOE de mantenerse al frente del Ejecutivo. Una vez constatada, en la noche del 23 de julio, la práctica imposibilidad de que Alberto Núñez Feijóo pudiese obtener más votos a favor que en contra en el nuevo Congreso, Pedro Sánchez celebró su victoria. La polarización partidaria impedía que en España se asentara, siquiera remotamente, la idea de un acuerdo entre los dos grandes partidos. Aunque la reedición de un gobierno de progreso requiriera el apoyo del independentismo catalán a cambio de concesiones. Pedro Sánchez no podía renunciar a la investidura para ensayar algo parecido a una ‘gran coalición’ con el centro-derecha. El partido no le hubiese seguido en esa aventura que, por otra parte, nada tendría que ver con el ADN sanchista. Pero la peripecia en que se ha embarcado tampoco está exenta de riesgos.

La negativa de Carles Puigdemont a hacer suyo el acuerdo alcanzado entre Oriol Junqueras y Félix Bolaños aflora una vez más la pugna sin cuartel que mantienen Junts y ERC. El precio de la desinflamación de Cataluña es que se mantenga el pulso en el seno del independentismo. Una competencia divisiva que los socialistas catalanes y no catalanes pueden contemplar con cierto regocijo mientras la investidura salga adelante, pero que anuncia complicaciones ante las autonómicas que deberán celebrarse en 2025 como más tarde.

Es probable que ahora Puigdemont esté esperando a que le llame Sánchez, para certificar que la última palabra la tiene el de Waterloo. Pero los problemas empezarán cuando el expresidente autoexiliado vuelva a la Cataluña española en virtud de la ley orgánica de amnistía, y se postule para recuperar el timón de la Generalitat. La naturaleza de los acuerdos que se están entretejiendo con el independentismo a cambio de la investidura dificultarán que el PSC pueda pretender la presidencia de aquella comunidad, aunque sea la primera fuerza.

Supongamos, por un momento, que Puigdemont regresa al Palau mientras Sánchez y su partido se hacen cargo de los costes políticos que en el resto de España acarree la operación, en tanto que muchos ciudadanos la consideren agraviante. No será fácil que la agenda social desgranada hace dos semanas por Yolanda Díaz en presencia de Pedro Sánchez sirva para compensar las pérdidas que se produzcan con ERC y Junts disputándose el protagonismo de la fase autodeterminista de la investidura. Cuando, de nuevo, las relaciones entre Cataluña y el resto de España adquieran tintes críticos. Dejémoslo en que es una posibilidad. Pero se está mostrando tan verosímil que ni Sánchez debería pasarla por alto. Si el ‘procés’ reverdece será porque el independentismo catalán piensa y actúa como si estuviera ya desconectado de la España constitucional.