Isabel San Sebastián-ABC
- El prófugo viajó a Cerdeña para provocar un conflicto en la UE y ensuciar el buen nombre del Supremo junto al de España
Carles Puigdemont, el presidente autonómico que proclamó la independencia y acto seguido demostró su cobardía huyendo en el maletero de un coche, trata de hacerse el héroe escudado en un acta de eurodiputado que no debería ampararle, dado que incumplió el trámite preceptivo de recogerla en su país; es decir, España. De hecho, el Parlamento Europeo votó en contra de acreditarle como miembro de esa Cámara y otorgarle así la inmunidad inherente al escaño, aunque el Tribunal General de la Unión Europea, órgano de dudoso prestigio y resbaladizas funciones, le devolvió más tarde ese privilegio, temporalmente suspendido hoy. De lo que resuelva ese TGUE dependerá ahora que el prófugo sea o no extraditado para responder de sus delitos ante su jurisdicción natural, el Supremo, que a través del juez Llarena no ha cejado en su empeño de hacer valer la ley vigente en nuestro Estado de derecho.
Tengo para mí que el viaje del sedicioso a Cerdeña no tenía como propósito bailar sardanas, sino provocar un conflicto en el seno de la UE, ensuciar el buen nombre de nuestro más alto tribunal, junto al de España, y por supuesto recuperar protagonismo, hacer ruido, atraer los focos sobre su persona, ahora que la Generalitat está en manos de ERC, cuyos líderes tuvieron al menos la dignidad de quedarse para afrontar las consecuencias de sus actos. Puigdemont en cambio tiró la piedra y escondió la mano. Desde entonces ha vivido a todo lujo en Waterloo, sospechamos que con cargo al contribuyente, dedicado a sembrar cizaña, arruinar cada día un poco más a Cataluña e intentar deslegitimar en el teatro internacional a la Justicia que lo persigue, auxiliado por un costoso equipo de abogados al frente del cual se encuentra Gonzalo Boye, condenado en 1996 a 14 años de prisión por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. De tal cliente, tal letrado.
Haya sido error de cálculo o maniobra deliberada, como me malicio yo, los togados italianos tienen sobre la mesa una patata caliente que a la postre zanjará Luxemburgo avalando (o no) la inmunidad del huido. En esa decisión se juega, empero, mucho más que su libertad. La protección que le brindaron en su día sendas cortes de Bélgica y Alemania, unida a la del TGUE, alimentó sustancialmente el euroescepticismo que se abre paso en una parte creciente de la sociedad española. Si los tribunales europeos amparan de nuevo a un golpista fugitivo desautorizando con ello al intachable Llarena e ignorando una sentencia firme del Supremo; si hacen mangas y capirotes de la euroorden, instrumento en teoría vigente, crucial en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, habrán puesto un clavo más en el ataúd de nuestra confianza.