El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha confirmado este domingo que el propósito real de Puigdemont al regresar a España, como se espera que haga esta semana, es el de boicotear la investidura de Salvador Illa.
En su carta del sábado, el prófugo achacó a ERC la responsabilidad de su próximo arresto por pactar con el PSC. El reproche a Marta Rovira, a quien acusa de convertir en president a un candidato «españolista» sin intención de negociar la «resolución del conflicto histórico» de Cataluña, delata su intención de presionar a los republicanos para que reconsideren en el último momento su apoyo a Illa.
El horizonte más inmediato de su estrategia sería forzar un aplazamiento de la votación en el Parlament. De momento, el presidente de la Cámara tenía previsto iniciar hoy la ronda de contactos con los grupos políticos, para constatar los apoyos que Illa le comunicó tener amarrados este sábado. Pero finalmente ha alegado problemas de «agenda» de ERC para aplazar el trámite al martes, lo que previsiblemente hará que el debate de investidura ya no pueda celebrarse el miércoles.
Con ello, Puigdemont gana algo de tiempo para el escenario de una repetición electoral que viene acariciando desde que perdió las elecciones autonómicas. Porque agota un par de días más del plazo de disolución del Parlament, que finaliza el próximo 25 de agosto, tras lo cual se convocarían nuevas elecciones.
Su intento de dinamitar la investidura tiene una remota posibilidad de surtir efecto, si, con la detención del prófugo, Josep Rull se ve obligado a suspender la votación por la imposibilidad de comparecencia de uno de los diputados electos.
Pero, en realidad, la jugada de Puigdemont tiene un objetivo más a medio plazo. La idea es lanzar una OPA sobre ERC para liderar el movimiento independentista catalán, mediante el retrato de los republicanos como traidores de la causa y aliados con una fuerza extranjera.
A buen seguro habrá tomado nota del casi 45% de militantes republicanos que se han opuesto al preacuerdo de investidura con el PSC. Y es sobre este caladero que intentará cimentar el crecimiento de Junts, para volver a los tiempos en los que la derecha pujolista hegemonizaba el nacionalismo.
El problema es que la vendetta de Puigdemont habrá de servirse en plato frío. Porque tendrá que administrarla acompasadamente con el desarrollo de los acontecimientos judiciales de los que depende, toda vez que permanecen activas las órdenes de detención contra él.
Por lo pronto, lo más probable es que sea arrestado cuando ponga un pie en España, se acuerde prisión provisional para él y pase a disposición judicial. Aunque pudiera ser que el juez Llarena le concediese la libertad condicionada, lo cual cambiaría notablemente la situación.
Si entra en prisión, su entorno ha especulado con la posibilidad de obtener una cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero donde fía sus posibilidades es a la decisión del Tribunal Constitucional, que, teniendo en cuenta su sesgo progubernamental, espera que resolviese un recurso de amparo a su favor para librarle de la cárcel. Y que enmendase el rechazo del Tribunal Supremo a amnistiarle por el delito de malversación.
Lo que parece claro es que, cuanto más tiempo permanezca en prisión, mayor será el caudal de victimismo que reunirá, para la otra pata de su estrategia: seguir alimentando el discurso del lawfare y de un aparato judicial que no acata la Ley de Amnistía. Es lo que hizo también en su carta del sábado, donde lanzó un dardo a Pedro Sánchez por afectar «más aspavientos porque un juez cita a declarar a su mujer que cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado esta legislatura».
Sea como fuere, el ex president ha anunciado su intención de «sacar las garras». Se refiere en primer lugar a ERC, pero fundamentalmente a los socialistas.
Porque el único escenario en el que Puigdemont podría hacer valer su anhelada hegemonía sobre ERC sería el de unas elecciones generales, que plausiblemente intentará forzar cuando se consume la investidura de Illa.
Y es que si bien no está en condiciones de tumbar a Illa, si lo está para tumbar a Sánchez. Así cabe interpretar la advertencia lanzada en su misiva de que habrá «consecuencias» si es detenido cuando regrese a España. La amenaza velada viene a decir que carece ya de incentivos para sostener al Gobierno. Máxime si entra en prisión, eventualidad que hace inverosímil imaginar un apoyo de los siete diputados Junts a los Presupuestos o a cualquier otra iniciativa de Sánchez.
Es evidente que Puigdemont va a pasarle la factura a quienes, en un ejercicio de temerario voluntarismo, quisieron convertirlo en socio preferente. La única duda es cuál va a ser el objeto, el escenario y el ritmo de su venganza. Aún así, el plan de futuro parece claro: recalibrar la relación de fuerzas en la política catalana, una vez el PSC se ha convertido en la izquierda hegemónica y cerrado el procés, para resucitar la política de bloques.