Tonia Etxarri-El Correo

Desde su domicilio y por videoconferencia, Jordi Pujol admitió ante el tribunal de la Audiencia Nacional que no está en su mejor momento, pero no pidió que se le exonerara del juicio, como había solicitado su defensa. De momento, el expresident de la Generalitat no se libra del juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide nueve años de prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal y blanqueo de capitales. Si en verdad demuestra estar aquejado de «deterioro cognitivo moderado», a sus 95 años, se irá viendo a lo largo de estos seis meses, cuando llegue su turno para declarar entre los 19 acusados, siete de ellos hijos suyos.

El fiscal Alejandro Luzón sostiene que Jordi Pujol se aprovechó de su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio político y determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña se repartían cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control del partido. Negro sobre blanco. Palabra del fiscal. Pero la defensa alega imprecisión en las acusaciones porque solo hay «genéricas alusiones» al blanqueo.

Lo cierto es que al ex ‘Molt Honorable’ le costó reaccionar ante las investigaciones policiales sobre sus movimientos económicos presuntamente irregulares. «¿Qué coño es esto de la UDEF?», se preguntaba en una entrevista concedida a Susana Griso en 2013, cuando saltó la noticia de que la Unidad de Investigación de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía Judicial había cifrado las mordidas de su clan en un 3% para el partido y 1,5% para la familia. Negó la mayor, entonces, hasta que un año después confesó que había depositado un dinero en Andorra, procedente de una supuesta herencia del ‘avi Florenci’. Una cantidad que empezó siendo la equivalente a 800.000 euros y terminó, por arte de magia de los hijos, en tres millones de euros. Han transcurrido ya once años desde entonces. Un vía crucis para la familia.

Según el auto de procesamiento, la familia acumuló un «patrimonio desmedido» relacionado con «percepciones económicas derivadas de actividades corruptas». Un sistema de tráfico de dinero más disimulado que el de las chistorras, lechugas y soles de Koldo y Ábalos porque pasaba a través de ‘misales’ para referirse a un millón de pesetas que manejaba con destreza, presuntamente, la «madre superiora de la Congregación», que no era otra que Marta Ferrusola.

Se trata de un juicio no solo al clan Pujol sino a todo un conglomerado político de aquella época en Cataluña, en la que la antigua Convergencia supo representar los intereses de la burguesía catalana sin ahuyentar al electorado no nacionalista porque su independentismo rabioso no afloró hasta que se vieron con la acusación de corrupción hasta el cuello. Pujol se reivindica. Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, le ha echado una mano en su rehabilitación política al recibirlo en el Palau. ¿Pero llegará a devolver el dinero no declarado? Es la pregunta del millón. Mejor dicho, de los millones.