Apropósito del conato de linchamiento judicial y mediático del obispo emérito de Alcalá, se me olvidó comentar la pasada semana (en realidad, no me quedaba espacio para hacerlo) otra perla elevada en la queja de la Dirección General de Personas con Discapacidad a la Oficina del Defensor del Pueblo, donde, abundando en la denuncia contra el doctor Reig Pla, se afirma lo siguiente: «Los púlpitos no pueden ser espacios para estigmatizar, sino para promover el respeto a los derechos humanos en toda la ciudadanía sin excepciones».

Se supone que «los púlpitos» se refiere a los púlpitos de los templos cristianos. Por tanto, estamos ante una sinécdoque referida a las iglesias como templos y a la Iglesia como institución.

¿Qué cree ser el Ministerio de Derechos Sociales para imponer a las iglesias o a la Iglesia la obligación de «promover el respeto a los derechos humanos en toda la ciudadanía sin excepciones»? Por supuesto, la izquierda en general odia a la Iglesia, pero ese sentimiento no debería ser un pretexto para confundirla con la ONU. Cada Estado que forma parte de esta peña tiene todo el derecho –aunque no la posibilidad– de exigir a todos los demás Estados copartícipes de la misma que promuevan el respeto a todos los derechos humanos aprobados en su Asamblea General por consenso suficiente (no general). El Gobierno sanchista, aunque se desentienda de exigir el respeto de dichos derechos a Estados y Gobiernos ideológicamente afines, tiene el deber y la obligación de respetar los de su ciudadanía. También los de los extranjeros con residencia o en tránsito por nuestro territorio. Y obviamente, los de los católicos. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza que tanto los individuos como las instituciones deben esforzarse en promover el respeto a los derechos humanos, lo que no implica que la Iglesia tenga que dedicarse a predicar desde sus púlpitos dicha declaración y explicarla. Por lo que se me alcanza, las iglesias cristianas dedican sus púlpitos a la enseñanza del Evangelio. Entre otras cosa, enseñan que por el pecado entró la muerte en el mundo (Romanos, 5-12) y que todos los descendientes de Adán y Eva somos concebidos en el pecado (Santiago, 1-15). ¿Lesionan tales afirmaciones los derechos humanos? ¿Dónde y cómo, si puede saberse?

Que el Gobierno español se dedique a promover la inclusión de personas con discapacidad (en rigor, el propio Gobierno, hasta el nivel de director general, es una prueba viva del éxito de esa política), pero que respete los derechos humanos y deje a la Iglesia en paz. Porque una cosa es propagar el ateísmo –todo el mundo tiene derecho a hacer el gilipollas– y otra perseguir obispos en la confianza cristofóbica de que, herido el pastor, se dispersen las ovejas (Zacarías, 13-7; Mateo, 26-31). Así se montó el Gran Pollo.