ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC – 11/09/14
· Ha llegado el momento de que Rajoy cumpla con su deber y doble de una vez por todas el brazo separatista.
Existen múltiples razones que impiden la celebración de un referéndum de autodeterminación (llamemos a las cosas por su nombre) en Cataluña. Razones de índole política, jurídica, histórica, económica y cultural, entre otras, que pueden resumirse en una sola: Cataluña no es propiedad de los catalanes, sino del conjunto de los españoles, y en democracia la parte no decide por el todo. Algo muy sencillo de entender para cualquier persona de buena fe conocedora de lo que significa la palabra «democracia», tan alejada conceptualmente del nacionalismo disgregador basado en la insolidaridad excluyente.
Cataluña, lo que significa y lo que contiene, su territorio, infraestructuras, industria, literatura, música, lengua, patrimonio artístico y demás elementos constitutivos de esa denominación, forma parte de la riqueza común, porque del esfuerzo común de incontables generaciones de españoles procede. Lo cual obliga al Gobierno a proteger ese legado a cualquier coste, sea cual sea la magnitud del desafío al que se enfrente.
No es de sorprender que, a medida que se acerca la fecha prevista para consumar la sedición con una consulta ilegal, suba el tono de las amenazas vertidas por los líderes separatistas. El chantaje permanente al Estado de Derecho ha resultado ser tan rentable en términos individuales para quienes se dedican a ese lucrativo negocio (véase el caso paradigmático de la familia Pujol) como ruinoso para los ciudadanos víctimas de esa constante tensión. Por si no tuviéramos suficiente con los datos que arroja la economía catalana, cuya posición en el ranking nacional no ha dejado de descender desde que se inició esta enloquecida aventura, el caso escocés en el Reino Unido es un buen espejo en el que mirarse.
Un ejemplo clarísimo de cómo las decisiones de unos pocos políticos profesionales, movidos por intereses personales y/o de partido, pueden arrastrar a todo un país al abismo: caída sustancial de la divisa, de la bolsa, de la credibilidad y de los beneficios de sus empresas, con la previsible secuela de un incremento del paro. Una extravagancia en plena era de la globalización que España, simplemente, no puede ni soñar con permitirse.
Al Oriol Junqueras le convendría indiscutiblemente más el papel de cabeza del ratón parido por esta montaña que el de anónimo profesor universitario. Artur Mas conseguiría con la independencia el control definitivo de los instrumentos policiales y judiciales indispensables para arrojar un tupido manto de olvido sobre toda la corrupción que acumula su partido y garantizar impunidad a los múltiples ladrones que han frecuentado el Palau de la Generalitat. Pero los demás, los ciudadanos de Cataluña y los que, desde otras regiones, estamos pagando vía fondo de rescate autonómico la factura de la formidable máquina propagandística puesta al servicio de la secesión, ¿qué sacaríamos de esta locura? Pobreza, injusticia y pérdida de peso específico en el escenario internacional, en el que ya ocupamos un lugar muy secundario.
El presidente está por ello obligado a poner punto final a este desvarío cuanto antes, porque la broma nos está saliendo por un pico. Su fanfarria victimista, sus marchas patrióticas, toda la parafernalia desplegada en defensa de un presunto derecho a decidir, que ni legal ni democráticamente les asiste, no hacen sino incrementar las cifras de un déficit y una deuda que pesan sobre nuestras espaldas y pagamos a costa de impuestos confiscatorios. La broma ha ido demasiado lejos. Llevan años echando un pulso a la Constitución, al Estado de Derecho, a la paciencia de los españoles, a la verdad histórica y a la marcha de los tiempos. Ha llegado el momento de que Rajoy cumpla con su deber y doble de una vez por todas el brazo separatista.
ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC – 11/09/14