La Magistratura no solo ha de ser independiente e imparcial sino, además, dar rigurosa apariencia de ello; de ahí lo cuestionable de que Peinado fijara la citación un inhabitual sábado a las seis de la tarde. Pero los derechos a defenderse que asisten a los encausados no deberían proyectar la impresión de que la ciudadana Gómez libra una pugna con el instructor instigada desde la presidencia del Gobierno; especialmente cuando La Moncloa había interpretado la última resolución del instructor como un intento de «humillar» a la esposa del jefe del Ejecutivo.

Sánchez y sus ministros siguen aferrados a la impugnación de unas investigaciones judiciales «incomprensibles» -definición de Félix Bolaños, que debería conducirse con mayor prudencia en atención a su cargo al frente de Justicia-, la cual obvia que las audiencias de Madrid y Badajoz han respaldado en lo nuclear las instrucciones de Peinado y la de la jueza Beatriz Biedma sobre el hermano del líder socialista. Que es lo mismo que descartar la existencia de arbitrariedad. Serán luego el juicio a Begoña Gómez, si este se confirma, y el ratificado para David Sánchez los que determinarán si ambos se prevalieron del poder del presidente para medrar en sus carreras; y si este coadyuvó a ello por acción u omisión. La imagen de un jefe del Gobierno cada vez más cercado no debe permear hasta tal punto las instituciones como para restarles entereza y credibilidad. Salvaguardarlas es, por ello, deber prioritario de Sánchez. Pero a esta tarea también está convocada la oposición, para que la erosión de su rival no extienda la gangrena a ese mismo entramado institucional.