EDITORIAL -El Español
Cándido Conde-Pumpido, veterano magistrado perteneciente al sector progresista y fiscal general con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ha sido nombrado este viernes presidente del Tribunal Constitucional tras una dura pugna con la también progresista María Luisa Balaguer, a la que apoyaba el sector conservador como ‘plan B’ contra el candidato preferido por la Moncloa.
El resultado de la batalla que se ha desarrollado durante las últimas semanas en el TC es una mayoría progresista que se alargará durante los próximos nueve años. Un resultado inevitable y consecuencia del modelo que la Constitución prevé para el Constitucional. Es decir, el de una renovación por tercios que este año ha beneficiado al Gobierno al permitir que tres de los cuatro nuevos magistrados nombrados sean progresistas.
La pugna por la renovación del TC ha generado una polarización casi inédita en democracia y mucho acaloramiento en torno a las candidaturas de Pumpido y Balaguer.
Los recelos conservadores frente a Pumpido habrán quedado en cualquier caso despejados después de oír las palabras que el magistrado ha pronunciado tras su nombramiento y en las que ha confirmado que la autodeterminación deseada por el independentismo no cabe en la Constitución.
La hoja de servicios de Conde-Pumpido, en cualquier caso, debería haber hecho innecesario que el nuevo presidente del TC se sintiera obligado a dibujar una línea roja tan contundente en su primer día de mandato.
Porque Conde-Pumpido fue juez de la Audiencia de San Sebastián durante los años ‘de plomo’ de ETA, los más violentos de la banda terrorista. También uno de los jueces más jóvenes del Tribunal Supremo, donde se enfrentó al Gobierno de Felipe González primando su faceta de juez en detrimento de su ideología progresista.
Es cierto que su frase relativa a la disposición que los fiscales deberían tener a «manchar sus togas con el polvo del camino» ha sido interpretada tradicionalmente como una declaración de sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Pero en su origen, esa frase, pronunciada cuando Conde-Pumpido era fiscal general del Estado, sólo pretendía evidenciar una obviedad: la de que el fiscal general es nombrado por el Gobierno.
Nadie, ni siquiera sus mayores detractores, puede negar que Conde-Pumpido es un magistrado de enorme talla intelectual y contrastada solvencia profesional. Y dada la inevitabilidad de la conformación de una mayoría progresista en el TC, ¿qué otra opción había que nombrar al más válido de todos los candidatos posibles?
Pumpido sabe que su trabajo durante los próximos años será el que predominará en la memoria colectiva de los españoles. Y es evidente que ningún magistrado desearía arruinar su legado como jurista y hombre de Estado poniéndose al servicio del Gobierno, sea cual sea el signo de este, durante sus últimos años de servicio público.
La sombra política que se cierne sobre Pumpido es, en definitiva, un prejuicio de la derecha que el tiempo deberá confirmar o desechar. EL ESPAÑOL será el primero en criticar la actuación del TC si este se desvía de su función constitucional. Pero no contribuirá a desacreditar la figura de un jurista solvente de forma ‘preventiva’.
Sí cabe decir que el nombramiento como vicepresidenta de la progresista Inmaculada Montalbán, una magistrada que EL ESPAÑOL considera inexperta e inidónea para el cargo (lleva poco más de un año en el Tribunal, algo que tradicionalmente ha supuesto un impedimento claro para ocupar la vicepresidencia), no supone un buen precedente.
Ni siquiera interpretándolo como un ‘castigo’ al sector conservador por su insistencia en la candidatura de la progresista Balaguer.
En primer lugar, porque el nombramiento de Montalbán rompe esa regla no escrita del TC que hasta ahora había hecho que los cargos de presidente y vicepresidente se repartieran entre conservadores y progresistas.
En segundo lugar, porque supone estrenar el ‘nuevo’ Tribunal Constitucional con la aplicación de un rodillo que ningunea a la minoría y contradice el espíritu de un organismo cuya función es velar por la protección de los principios constitucionales. Y entre ellos los de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo políticos.
EL ESPAÑOL confía en que el mandato de Conde-Pumpido sea más cercano al espíritu de sus palabras en contra de la autodeterminación que a la aplicación del rodillo de la mayoría ejemplificado en el nombramiento de la vicepresidenta Montalbán.