Dos acontecimientos ocurridos este martes en el ámbito europeo complican el horizonte de un cierre rápido para las dos sentencias más controvertidas del Tribunal Constitucional de los últimos meses. Y, por tanto, le abren al Gobierno dos nuevos frentes ante la Justicia europea.
Por un lado, la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial en la que duda de que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE sean compatibles con el Derecho europeo.
De este modo, mientras el TJUE se pronuncia sobre la cuestión prejudicial, la Audiencia ha paralizado la aplicación de los fallos del TC que desactivaron las responsabilidades penales de los cargos socialistas de la Junta de Andalucía en el macrocaso de fraude.
La Audiencia considera que el Constitucional, con su interpretación exoneratoria de los delitos de prevaricación y malversación por los que fueron condenados Chaves, Griñán y compañía, ha generado un «evidente espacio de impunidad en la persecución de la corrupción».
Por otro lado, la Comisión Europea ha alegado ante el TJUE que la ley de amnistía no responde a un objetivo de interés general, sino que se basa en un «acuerdo político» para la investidura de Pedro Sánchez. Por lo que debe considerarse como una «autoamnistía» que sería «contraria al Estado de derecho».
Es decir, que el representante legal del Ejecutivo comunitario ha defendido en la vista ante la Gran Sala del TJUE, en la que se ha examinado la cuestión prejudicial remitida por el Tribunal de Cuentas, los mismos argumentos recogidos en su dictamen contrario a la ley de amnistía que adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL.
La novedad que ha traído esta vista es que el Gobierno se ha visto obligado a admitir ante el TJUE que un juez o tribunal español (por ejemplo, el Tribunal Supremo) puede plantear una cuestión prejudicial después de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado la ley de amnistía el pasado 26 de junio.
La abogada del Estado tuvo que reconocer ante las preguntas del presidente y el vicepresidente del TJUE que aún caben nuevas cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía. Un mecanismo prejudicial cuyo mero planteamiento paralizaría automáticamente la aplicación de la norma.
Y, así, ha quedado constatado que la última palabra sobre la amnistía la podría tener la Justicia europea, y no el Tribunal Constitucional.
Esto sería una perogrullada de no ser porque Cándido Conde-Pumpido pretendía imponer su criterio según el cual, una vez ha resuelto el TC, los jueces ordinarios no pueden cuestionar la decisión de este tribunal ante la Justicia europea.
La mayor muestra de irreverencia hacia la primacía del Derecho de la Unión sobre el ordenamiento nacional vino con el amago de Conde-Pumpido de bloquear la consulta al TJUE por parte de la Audiencia de Sevilla encargada del caso de los ERE. Porque, a su juicio, ello erosiona la autoridad de la Corte de Garantías.
Cuando la Audiencia Provincial de Sevilla inició el pasado marzo los trámites de la cuestión prejudicial acordada ayer, Conde-Pumpido llegó a plantear en reuniones internas la posibilidad de anular aquellas resoluciones de los tribunales ordinarios que pongan en cuestión o se planteen inaplicar sentencias del TC.
Finalmente, el presidente del TC desistió de este sinsentido, del que le advirtieron sus propios letrados sobre la base de una clarísima doctrina del TJUE sobre la primacía del Derecho de la UE. Porque la pretensión de que el TC no pudiera ser cuestionado ante la Justicia europea podría desencadenar un conflicto de la Corte de Garantías con el Poder Judicial y con el TJUE.
La respuesta de la abogada del Estado al TJUE de este martes no sólo implica la aceptación por parte del Gobierno de que la aplicación de la ley de amnistía está menos clara que lo que el fallo de su TC de confianza podría dar a entender. Entraña también repercusiones importantes para Carles Puigdemont.
Porque después de que el Tribunal Supremo rechazase el pasado mes el último recurso del prófugo contra la inaplicación de la ley de amnistía al delito de malversación por el que está procesado, Puigdemont quedó abocado a acudir en amparo al Tribunal Constitucional, e instar de este órgano la amnistía de la malversación.
Pero la aclaración de la abogada del Estado al TJUE implica admitir ante el prófugo que el Gobierno no podrá hacer nada para agilizar la amnistía a Puigdemont, dado que el Supremo podrá seguir negándosela. Y que, por tanto, el camino que el ex president esperaba emprender para regresar a España no está ni mucho menos despejado.