Ignacio Camacho-ABC

• Los socios de Sánchez son tan fiables que un juez autorizó su vigilancia por constituir elementos objetivos de amenaza

Si no estamos «en la fase de ceses», como ha dicho el portavoz socialista en el Congreso, es que se trata de una cuestión de tiempo. El que necesite el Gobierno para elaborar el ‘relato’ con el que seleccionar una cabeza de turco y entregársela a sus aliados. Antes probará otras vías, otras fases, por si Esquerra y compañía se conforman con eso: genuflexiones, gestos, peloteo y con alta probabilidad nuevos privilegios. Y si la jauría sigue reclamando carnaza le servirán a la directora del CNI en bandeja de plata para que se entretengan en devorarla mientras Bolaños y Robles dirimen su pulso de influencias jerárquicas. En caso necesario -para la supervivencia de Sánchez, no para el interés del Estado- el presidente reforzará el poder interno de su jefe de pretorianos y colocará en el servicio de inteligencia a una nueva Lola -o ‘Lolo’- Delgado: alguien de confianza que acepte sin remilgos las instrucciones del mando. No es que Paz Esteban no lo haya hecho, porque su cargo reporta obligatoriamente a la superioridad directa; se trata de que su eventual sustituto, o ella misma si al final se queda, deje de obedecer a la ministra de Defensa y pase a recibir órdenes directas de Presidencia.

Lo que ningún relevo va a lograr es que un jefe del espionaje que se precie de serlo revele información ultrasensible en una comisión del Parlamento. Rufián y sus colegas recién incorporados comprendieron ayer, menudo descubrimiento, que en esas sesiones no van a tener acceso a verdaderos secretos. Ni el más sumiso de los servidores del sanchismo sería capaz de entregar datos comprometidos a unos políticos que los responsables de la seguridad nacional consideraban objetivos susceptibles de escrutinio. Ése es el punto flaco de todo el escándalo Pegasus: cómo es posible que el presidente haya pactado con unos socios tan fiables que era menester espiarlos. Qué clase de confianza inspira esta gente para que un juez del Supremo autorice su vigilancia por entender que existen en su conducta inmediata elementos razonables de amenaza. Por qué y a cambio de qué unos tipos que ayer delinquieron contra la convivencia democrática y se proclaman dispuestos a reincidir mañana se han convertido en el sostén de la gobernabilidad de España.

Lo demás, incluida la insólita admisión por el Ejecutivo de su vulnerabilidad a la intrusión de un virus, es sólo ruido. Alboroto efectista, postureo sesgado, hiperventilación, bullicio, histeria, victimismo. La anomalía esencial que necesita explicación es el contrasentido de un Estado voluntariamente supeditado a sus declarados enemigos. El recurso a la estrategia de la confusión generalizada es un punto de fuga para nublar la evidencia de ese desvarío. Pero se está acercando la ‘fase’ en que el abuso de la sinrazón enfrente al Gobierno consigo mismo. Esa clase de conflictos con olor a podrido que preludian los finales de ciclo.