ABC 17/03/17
IGNACIO CAMACHO
· Un modesto decreto de ordenación gremial se ha convertido en la chispa que puede incendiar la legislatura
NO son los estibadores, es la legislatura. La derrota parlamentaria del Gobierno en la reforma de la estiba –apoyado sólo por un PNV preocupado por el puerto de Bilbao– ha puesto en solfa la viabilidad de este mandato. El cabreo en Moncloa es superlativo, epocal; en el concepto de la responsabilidad de Rajoy no encaja el juego político con los intereses de Estado. El presidente alcanza a entender que el PSOE le niegue la mano, aun estando de acuerdo en el fondo del asunto, por no entorpecer la campaña interna de Susana Díaz, pero se ha irritado sobremanera ante lo que estima una frivolidad de Ciudadanos. El naranja era el único partido que incluía la adaptación del trabajo portuario en su programa electoral; su abstención de última hora obedece a la intención de pasarle al PP la factura de sus recientes desavenencias con un desaire que lo deja aislado. Un pequeño decreto que afecta a seis mil trabajadores se ha convertido en la chispa incendiaria de un desencuentro que puede precipitar la convocatoria de elecciones.
La brisa de primavera enfriará el calentón pero el clima de ayer era de precipitado fin de ciclo. En todo caso hasta mayo está bloqueado el mecanismo de disolución de las Cámaras y con él la tentación de activarlo. Sin embargo, en las filas gubernamentales ha empezado a cundir la sensación de que la mayoría relativa no les da para ir demasiado lejos y que el acuerdo con Cs es muy limitado. En realidad, ha sido el propio PP el que ha provocado el distanciamiento al cuestionar las cláusulas anticorrupción y ningunear a sus socios para acercarse al PSOE en busca de un bipartidismo tácito. Ahora que los socialistas, bloqueados por unas primarias a cara de perro, no están para negociaciones, el marianismo se enfrenta a un vacío de estabilidad, sin colaboradores ni aliados.
Rajoy se siente en ridículo ante Europa. No ha podido sacar adelante una simple adaptación normativa comunitaria porque la oposición se ha coaligado con una reducida casta sindical con la intención exclusiva de humillarlo. La estiba ha sido el pretexto para hacerle ver al Gobierno su minoría y darle un revolcón parlamentario. Para un gobernante que sacraliza sus compromisos con la UE, este tipo de cosas representa un manoseo oportunista de los intereses generales que lo sulfura en grado máximo. Aguantará porque es lo que mejor sabe hacer y además de momento no le queda más remedio, pero este episodio le va a dejar un resabio de desconfianza y un hombre de poder siempre es mal enemigo cuando se considera menoscabado.
La duración de la legislatura está en el aire. Ahora depende más que nunca de la votación del techo de gasto presupuestario. No de 2017, sino del 18: en julio o inmediatamente después del verano. Quizá los propios estibadores, que van a lo suyo, no sepan hasta qué punto su modesto conflicto gremial ha adquirido importancia de Estado.