La revisión a la que ha procedido el Tribunal Supremo de su sentencia sobre el ‘procés’, a la luz de la reforma del Código Penal, confirma que los promotores de esta no tenían muy claras sus intenciones o no podían estar seguros de sus efectos. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa continuarán inhabilitados por desobediencia en concurso con malversación. Tras conocerse la resolución, la ‘número dos’ del PSOE, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha declarado que la resolución del Supremo demuestra que el PP mentía cuando decía que la reforma iba a beneficiar a los dirigentes del ‘procés’. La portavoz del PSC, Elia Tortolero, se ha limitado a mostrar el respeto de los socialistas catalanes hacia el auto del Tribunal Supremo, y punto. Mientras que la portavoz de ERC, Laura Villalta, no ha dudado en calificarlo de «golpe a la democracia», entendiendo que el Supremo habría dejado en «papel mojado» el mandato del legislador. Y Borja Sémper se ha mostrado satisfecho de que el Supremo hubiese corregido la «voluntad declarada por parte del Gobierno» de eximir de responsabilidades a los líderes independentistas.

La resolución del TS desata infinidad de cábalas sobre sus consecuencias políticas en el nuevo período electoral. Pedro Sánchez tenía que ser consciente de que su intervención para «desinflamar» la cuestión catalana podía acabar así. Algunos en ERC debían contemplar que podía ocurrir exactamente eso, al margen de la diatriba principista que mantuvieran con los de Junts a cuenta de la reforma penal. El doble juego de restar presión independentista sobre las opciones electorales del socialismo catalán, al tiempo que se atenúa el coste en votos en el resto de España, permite cuadrar la revisión del Supremo en los planes del sanchismo. Especialmente si ERC carga sobre la judicatura las culpas de su impostada decepción. Pero aunque para el independentismo lo ocurrido ponga en entredicho las virtudes del diálogo con Madrid al que se abonan el propio Oriol Junqueras y Pere Aragonès, hay mucho de punto final en la resolución dictada por Manuel Marchena. Y un punto y aparte que recoloca las piezas de la política pequeña en Cataluña.

La condena por inhabilitación hasta 2031 supone que Oriol Junqueras no podrá presentarse a las dos próximas citas autonómicas, a las tres próximas locales, e incluso a las tres próximas generales. Despejada así la duda respecto a los comicios en que desembocará este mandato de Aragonès –designado candidato en virtud de la resolución del Supremo– solo la continuidad en la presidencia de la Generalitat aseguraría su liderazgo sobre el partido para lo que reste de década. En caso contrario, ERC asistirá a la enésima renovación de su cuadro directivo. Con la incógnita, presente ya en sus bases, sobre si en ese momento seguirán contando con Pedro Sánchez en La Moncloa. La sentencia del ‘procés’ y su revisión darán paso a dirigentes políticos en Cataluña que no podrán recurrir a la épica rupturista para vindicar su protagonismo.