Podía haber sido un punto final. Yo así lo creí el miércoles pasado, cuando leí la carta y pensé que su autor no se dejaba ninguna vía de escape. Escribí unas líneas, tan apresuradas como estas de ahora, en las que sugerí que la carta planteaba una especie de moción de confianza ciudadana. En la intervención de Pedro Sánchez, así ha parecido interpretarlo él mismo cuando ha explicado que las muestras de afecto y las manifestaciones de estos días le han movido a continuar. Será inevitable que algunos consideren que se ha puesto en juego un elemento plebiscitario en todo este proceso tan desconcertante. Mejor haberlo evitado, será un nuevo flanco débil para el Gobierno. Si el propósito último era abrir un gran debate sobre el funcionamiento de nuestra democracia, había formas menos tortuosas de hacerlo.

Descartado el punto final, ¿realmente va a haber un punto y aparte, como ha dicho Sánchez, o nos quedaremos más bien en un punto y seguido? De momento, el presidente no ha concretado nada. Se ha limitado a pedir que “la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común”. Eso no es un punto y aparte. Es tan solo una apelación vaga a la propia sociedad civil. La cuestión que se ventila con el punto y aparte es si un Gobierno puede hacer algo efectivo en materia de crispación y lawfare sin formar un estropicio en la división de poderes, la independencia judicial y las libertades fundamentales.

Permítanme que vaya al origen de la carta. Como bien se sabe, el desencadenante fue una decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien abrió rápidamente diligencias previas a raíz de una denuncia contra Begoña Gómez y declaró el secreto del sumario. Según las noticias aparecidas en prensa, se trata de un juez conservador, perteneciente a la Asociación Profesional de la Magistratura. En 2019, el señor Peinado solicitó (sin éxito) ser juez de refuerzo en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el de Manuel García-Castellón. La denuncia de Gómez viene de Manos Limpias, un pseudosindicato ultraderechista que ha puesto decenas de querellas en los juzgados por motivos políticos. Su máximo responsable, Miguel Bernad, Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco, fue condenado en la Audiencia Nacional a cuatro años de cárcel por extorsión, pero hace unas pocas semanas la Sala Segunda del Tribunal Supremo le absolvió por considerar que las actividades de Manos Limpias (pedir compensaciones económicas a grandes empresas a cambio de no poner denuncias contra ellas) constituían comportamientos poco éticos, pero no extorsión. Es la misma Sala que no tuvo tantos reparos en el caso del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, a quien condenó por propinar una patada a un policía basándose exclusivamente en el testimonio del agente que recibió la agresión. La denuncia de Manos Limpias contra Gómez se sostiene sobre noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, algunos de ellos con una acreditada querencia por los bulos.

En el párrafo anterior se condensa todo lo que resulta disfuncional en la política española: una combinación de bulos, grupos de ultraderecha y jueces conservadores que aúnan esfuerzos en una estrategia de destrucción de un Gobierno de izquierdas. Muchos llaman lawfare a esta combinación de elementos. No hace falta suponer una confabulación o conjura, tan solo una coincidencia de intereses y que “el que pueda, que haga”.

No cabe aquí emplear la equidistancia. Las izquierdas no siempre han actuado como cabría exigir; en muchas ocasiones, han cometido excesos retóricos de todo tipo que también erosionan la democracia. No obstante, estamos hablando de algo más que de un tono bronco y descalificador. En concreto, lo que marca un punto de no retorno es la colusión mediático-judicial, que puede llegar a subvertir los pilares de la democracia y desvirtuar la voluntad colectiva expresada en las urnas. En este sentido, las izquierdas, cuando han estado en la oposición, no han promovido este tipo de estrategias, no sé si porque tienen principios morales superiores o, sencillamente, porque no cuentan con apoyos mediáticos o judiciales para hacerlo (las dos hipótesis pueden ser ciertas a la vez).

No es casualidad que las víctimas principales de todas estas operaciones hayan sido, hasta ahora, los independentistas catalanes y las izquierdas. En el caso de Sánchez, el sábado pasado se publicaron las conversaciones entre el secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy y el comisario Villarejo, en las que, a las pocas semanas de ser Sánchez nombrado secretario general del PSOE en 2014, ya se planeaba una operación para intentar hundir al nuevo secretario general por los negocios de la familia de su mujer.

Si el PSOE quiere de verdad hacer un punto y aparte, no puede quedarse en la queja y en las buenas palabras. Tendrá que tomar medidas, aunque solo sea para protegerse a sí mismo. Por lo pronto, ha de reconocer el problema y debatir sobre él. Eso ya es un avance importante. En el pasado, el PSOE se ha mostrado reticente a hacerlo. La mera inclusión del término lawfare en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts despertó mucha incomodidad en las filas socialistas. Es hora de abordar abiertamente este asunto y reparar en que no ocurre solo en España.

En cuanto a los medios y la llamada “fachosfera”, se precisa una regulación más estricta de la publicidad institucional, una fuente de ingresos de la que dependen muchos de los digitales que lanzan bulos. Sería también necesario introducir mayor transparencia sobre las cuentas y los accionistas de los medios. Y volver sobre un asunto incómodo en el que vamos con mucho retraso: la creación de consejos audiovisuales que pongan coto a las formas más dañinas de impunidad periodística.

En el terreno judicial, es prioritario resolver la anomalía del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva más de cinco años sin renovarse por la oposición del Partido Popular. Está en juego la continuidad de la hegemonía derechista en la institución que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y otros altos tribunales. Es necesario pensar también en cómo superar en el medio plazo el fuerte sesgo ideológico de la mayoría de los jueces en España. Espectáculos como el del pasado noviembre, en el que los jueces salieron a la calle, enfundados en sus togas, para protestar por el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, son la mejor muestra de que algo se ha descontrolado en nuestro sistema de justicia. Es muy negativo para la imparcialidad y credibilidad de los jueces que se politicen de forma tan descarada. La mezcla de corporativismo y conservadurismo ideológico supone una grave quiebra de la función que deben cumplir los jueces en una sociedad democrática. Todo esto requiere revisar en profundidad los anacrónicos sistemas de selección y formación de jueces en España.

Nada será fácil. Con unas derechas envalentonadas ante la muestra de fragilidad de Sánchez, cualquier iniciativa que se tome para equilibrar el sistema y dignificar nuestra democracia se va a enfrentar a acusaciones terribles de autoritarismo “chavista”. Pero si el Gobierno no se lo toma en serio, será cada vez más débil. Si no hay punto y aparte, mejor un punto final que un punto y seguido.