En las últimas semanas y junto a ella han sido muchos los dirigentes políticos y los empresariales que se han referido al tema. Muchos de ellos pagan sueldos, pero casi ninguno saca el dinero de su bolsillo, lo cual facilita mucho las declaraciones prosubidas, pues su corrección no conlleva sacrificios personales. Tan solo el presidente de la patronal alavesa, Pascal Gómez, ha recordado que una buena mayoría de trabajadores están acogidos a convenios de empresa, sectoriales o provinciales, en los que la remuneración es fruto de un pacto entre las partes, que no estarán complacidas con su sueldo -¿quién lo está y quién es el modesto, o el realista, que lo considera adecuado a la prestación que proporciona?- pero al menos lo han aceptado él y sus representantes sindicales.

La opinión que menos me ha gustado es la emitida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para quien «la productividad en España debería relacionarse con aspectos distintos a los salarios y la reducción de jornada podría ser un mecanismo para aumentar la productividad sin afectar a los salarios». Que conste que no ha hecho como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que pidió para sí mismo el Premio Nobel de Economía con méritos infinitamente menores que los del señor Pérez Rey. Si este señor consigue unos cuantos ejemplos que demuestren su teoría en la práctica habría que considerarlo un candidato sólido al premio.

En España no nos gusta hablar de productividad pues para muchos es sinónimo de explotación, cuando en realidad es la mejor -a veces la única- garantía de la salvaguarda en el tiempo de los empleos. Por el contrario, la vara de medir los salarios que ha tenido más éxito es el IPC. La propuesta es muy razonable para quienes los perciben, pues la gente acostumbra a vivir de lo que gana en la empresa pública o privada en la que trabaja. Visto así, cuando suben las patatas las reclamaciones de aumentos se generalizan pues se mide el salario en función de los kilos que se pueden comprar con él.

Eso para quienes los reciben, pero es igual de sencillo convenir que el precio de las patatas es de todo punto irrelevante para quienes los pagan -las empresas-, salvo en aquellas que se dediquen a fabricar purés. Para ellos lo importante es el valor que añaden sus trabajadores a sus productos para poder sobrevivir en el mercado con los precios que éste acepta y que, entre otros muchos elementos de coste e impuestos soportados, aquellos condicionan.

Si la opinión que menos me ha gustado es la del secretario de Estado, la más acertada me ha parecido la de alguien tan poco sospechoso de ‘lejanía’ con el mundo del trabajo como es el presidente saliente del Grupo Cooperativo Mondragón. Iñigo Ucín, al referirse al problema de las dificultades existentes para captar talento, decía que «el sueldo debe vincularse a la prestación».

Imagino que esto de vincular lo que se recibe con lo que se ofrece sonará a anatema en el Ministerio de Trabajo, al que siempre le ha parecido más justo y oportuno vincular lo recibido con los deseos de la vicepresidenta, siempre deseosa de expandir derechos con subidas de sueldo y reducciones de horarios.

Siendo como soy un destacado miembro de la ‘fachosfera’ entenderá que conceda más relevancia y me guste más la opinión de alguien como Ucín, que crea empresas, genera empleo y asume riesgos, que la del señor Pérez, a quien Dios no le ha llamado por el camino del emprendimiento. ¡Qué suerte! Con lo bien que se está en el ministerio…