La Transición resolvió tres de los cuatro problemas históricos arrastrados por España: la desigualdad social, los conflictos religiosos y el Ejército, tan proclive a los golpes de Estado. Pero nuestros padres fundadores no fueron capaces de resolver el último gran problema, el territorial. Todo comenzó con la Constitución, con ese artículo 2 en el que Suárez incluyó la distinción entre «nacionalidades y regiones» abriendo así la puerta a que el debate territorial se pudiera plantear en términos de soberanía, cuando no era en absoluto necesario para reconocer derechos propios a determinados territorios y salir de aquel centralismo franquista.

Perpetrado el error, qué inmenso error, el paso siguiente fue la deslealtad de los nacionalistas, actitud con la que no contaron los ponentes constitucionales. Desde aquel 1978 en el que la Constitución concitó el consenso de independentistas y partidarios de la unidad de España incorporando la palabra nacionalidades, que no sólo es interpretable sino que sitúa el debate en el ámbito de la nación y el Estado. Desde aquel día, el nacionalismo catalán no ha dejado de actuar con franca deslealtad, impulsado siempre por el padre fundador del nuevo catalanismo: Jordi Pujol.

En estos cuarenta años, sólo ha habido una oportunidad para que la deslealtad nacionalista dejara de crecer e iniciara un camino de retorno: cuando en 1996 José María Aznar ofreció a Jordi Pujol nombrar a un ministro de CiU, en lo que habría sido un punto de inflexión en esa lenta pero inexorable carrera del nacionalismo por la desvinculación de todo lo que sonara a España. Pero Pujol no tuvo el coraje suficiente. Ahora sabemos que estaba en otras cosas. En ese mismo momento, Arzalluz estrechó la mano de Aznar y llegó a dar una rueda de prensa en la sede del PP. Pero tampoco tuvo coraje y puso en marcha el Plan Ibarretxe, que era la ruptura, sí, pero por los cauces legales. Después vino el ‘procés’ que impulsó Artur Mas para ocultar sus problemas de gestión, y luego Puigdemont y el 2017. Y todo saltó por los aires. El Estado reaccionó de dos maneras, 155 y sentencia del Supremo. Y los ‘indepes’ supieron que el Estado había ganado y que su generación había fracasado.

Hasta que llegó Pedro Sánchez, que concedió muchísimo para seguir en La Moncloa. Primero los indultos; luego cambios en el Código Penal; y, ahora, una Ley de Amnistía pactada con los amnistiados. Este jueves 7 de marzo de 2024, fue el día en el que la deslealtad saltó al otro lado: al del Estado de la Transición. Sánchez ha humillado a ese Estado que, tal vez por ingenuidad, no supo embridar al nacionalismo. Ese será su legado.