EL MUNDO 15/04/15 – VICTORIA PREGO
· Este es en síntesis el núcleo de la declaración de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante casi 19 años, a lo largo de los cuales se organizó y se mantuvo una gigantesca red de distribución ilegal de dinero público a sectores, empresas o individuos a los que convenía tener engrasados para que actuaran de soporte activo al Partido Socialista. Lo que la juez Alaya ha llamado «red clientelar».
La estrategia de los declarantes hasta ahora ante el Tribunal Supremo está más que clara: pretenden encalomarle todo el peso del asunto a quienes ocupaban los puestos intermedios de la administración andaluza: a un director general como Javier Guerrero, por un poner, que ya estuvo encarcelado por el caso de los ERE. Y no es que Guerrero esté exento de responsabilidad en este asunto, que no lo puede estar y no hay más que recordar las procaces declaraciones de su chófer, aquel que explicaba que la cocaína corría por las barras de los bares donde su jefe tenía instaladas sus oficinas paralelas.
Es que no hay quien se crea que una organización para delinquir de esa magnitud, de esa duración y con esos objetivos haya salido de la exclusiva cabeza de uno o varios cargos de medio pelo. Pero es que, además, el propio Guerrero explicó en su día ante la estéril comisión de investigación del Parlamento andaluz que había actuado por órdenes superiores y que a quien había que preguntar sobre los que bautizó como «fondos de reptiles» era a los gobiernos de la Junta, a los representantes de los empresarios y de los sindicatos y, ojo a esto, a la Intervención General.
Y aquí está la almendra de la cuestión. Que hubo insistentes informes del interventor general advirtiendo de la ilegalidad del montaje está demostrado. Lo escandaloso, es que responsables políticos del nivel de la consejera de Hacienda bajo la presidencia de Griñán tuviera el tupé de declarar ante el juez que no se leía los informes del interventor y que, por supuesto, no daba cuenta de ellos al presidente de la Junta. Esa explicación sólo tiene una interpretación posible: no se los leía y no informaba a su superior de algo tan sumamente grave porque daba por sentado que toda la trama de fraude era ya conocida y tolerada por quien tenía poder como para asumir semejante responsabilidad. No hay otra interpretación, salvo que se acepte que Carmen Martínez Aguayo es una inepta indocumentada no apta para el cargo que desempeñaba. Pero eso no es verdad.
Lo más interesante de lo sucedido ayer es la petición del ex interventor al juez del Supremo Alberto Jorge para que le llame a declarar y poder «desmontar» así el «cúmulo de invenciones» de Griñán y Chaves. Esa sería la declaración más esclarecedora.