El número de parados registrados supera los cuatro millones, una cifra que no se alcanzaba desde abril de 2016 y que supone un aumento interanual de 762.700 desempleados, con lo que van 11 meses seguidos con aumentos interanuales del paro superiores al 20%.

Además, hay que recordar que son 899.400 los asalariados todavía en ERTEs, por lo que en realidad son casi cinco los millones de personas que no se encuentran trabajando en la actualidad.

Estas cifras son la fotografía de una sociedad que está lejos de remontar la situación y nos muestran que no habrá recuperación hasta bien pasado el segundo trimestre de 2021, si no hay nuevas olas y confinamientos más severos.

Una vez agotada la inercia alcista del tercer trimestre y la campaña de contratación vinculada a la Navidad, preocupa especialmente que la caída en la contratación es mayor en el empleo indefinido, y nuevamente los colectivos de jóvenes y mujeres son los más damnificados.

Los jóvenes fueron los peor parados de la crisis de 2008, y ahora son los que están sufriendo el impacto más grave de la pandemia. Así, los menores de 25 años se han llevado la peor parte: un descenso en el empleo de un 23,9% interanual, lo que conllevó la pérdida de 244.000 puestos de trabajo y 1 de cada 5 afiliaciones a la Seguridad Social, según la Encuesta de Población Activa del 2º trimestre de 2020.

Lejos de pensar que la primera partida de los fondos europeos llegue antes de junio, y de que se puedan invertir poco más del 50% de los 27.000 millones potenciales para 2021, ahora son imprescindibles aquellas medidas donde nuestro país sí pueda influir.

Por ejemplo, urge un plan de recuperación segmentado para los sectores más afectados por la crisis, con la prolongación de los ERTEs, las ayudas directas, y minimizando las cargas a las empresas y empleadores que gravan la creación y el mantenimiento del empleo (impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social).

Ante esto es necesario un amplio consenso para tomar medidas que ayuden a superar la difícil situación que atraviesa nuestro mercado de trabajo y nuestra economía. Pendientes del avance de las vacunaciones y de maximizar la llegada de los fondos de la Unión Europea, son más necesarias que nunca aquellas reformas y medidas de apoyo al tejido productivo que eviten que nos descolguemos de la recuperación del resto de países de la OCDE.

Es necesario crear un marco de inversión y generación de empleo atractivo, y también eliminar rigideces y costes en el marco normativo para empresas, autónomos y emprendedores, que son el tejido productivo de nuestro país y motor de la economía.

Se debería fomentar un mercado de trabajo flexible donde se combinen garantías sociales para colectivos vulnerables con modelos de colaboración público-privada en materia de empleo y sistemas de formación y recualificación de candidatos y trabajadores. Destacar dentro de estas políticas, aquellas orientadas a la formación profesional, a la recualificación y la reorientación a aquellas profesiones y sectores que están creando empleo, dando una importancia alta a las habilidades y a las competencias digitales.

Finalmente, para garantizar los ingresos públicos y la sostenibilidad de la economía, es el momento de potenciar una regulación que favorezca la flexibilidad en el empleo y la actividad productiva, como garantía de viabilidad y competitividad, evitando además con ello que, ante la crisis, crezca la economía sumergida.

Para el próximo mes, la moderación de algunas restricciones que ya estamos viendo y la estacionalidad favorable confluirán para que pueda esperarse en marzo una ligera mejoría en la afiliación y un incremento más suave del paro. Al compararse con los malos datos de marzo de 2020, las variaciones interanuales mejorarán significativamente. Pero esas cifras no maquillarán la situación que atraviesa nuestra sociedad y que necesita un balón de oxígeno.

*** Javier Blasco es director del Adecco Group Institute.