Los ejemplos abundan. El último, el inédito anuncio -con otras palabras, claro está; hay que guardar las formas- de que la opa del BBVA al Sabadell se resolverá por los derroteros de la política y no de los mercados. Algo que, en el lenguaje del Gobierno, se introduce como una «consulta pública» -qué hay de malo en preguntar-, para adecuar la operación de compra del banco vasco sobre el vallesano al «interés general». Una ‘bomba’ política que se detona frente a los propios interesados y frente a la flor y nata del empresariado catalán, curiosamente los mismos que viajan con frecuencia a Waterloo para hacer partícipe a Puigdemont de las iniciativas gubernamentales que es conveniente frenar. Por ejemplo, la opa -que había metido en un buen lío a Junts tras el voto a favor de su consejero, Pere Soler, del dictamen favorable de Competencia- o la reducción de la jornada laboral abanderada por Yolanda Díaz, que queda herida de muerte tras confirmar los neoconvergentes que presentarán enmienda de totalidad, algo que se veía venir desde hace meses.

Lo llamativo no es que el expresident catalán marque el paso de la legislatura -eso ya no es noticia- sino que esa necesidad de salvar la cara a los aliados independentistas como visado para seguir en Moncloa se presente como un audaz ejercicio de innovación política y no como una intromisión en una operación corporativa, como parece el caso.

Ayer mismo, el ministro Óscar Puente calificó de «grave sabotaje» el robo de cable que, una semana después del gran apagón, volvió a sembrar el caos en las líneas férreas de alta velocidad Madrid-Andalucía. De nuevo, asoma el relato épico -quien cometió la tropelía «sabía lo que hacía», deslizó el ministro, presentando al Gobierno como la víctima del desastre y no como elemento propiciatorio del caos- en lo que, a la espera de nuevos datos, parece un caso de delincuencia común agravada por fallos de gestión.

En la misma dirección apunta que, el mismo día que el Gobierno admite que Red Eléctrica ya le había advertido en enero de un posible colapso del sistema por no poner los cortafuegos adecuados a la entrada masiva de renovables, la hipótesis del ciberataque -que convence a un nada desdeñable 26,6% de los ciudadanos, según el CIS- siga formalmente abierta y sobre la mesa. Sánchez la mantuvo viva el mismo día que repitió hasta la saciedad el sintagma «operadores privados», un saco en el que metió a Redeia pese a estar participada en un 20% por dinero público. Menudencias si de lo que se trata es de redondear la narración de un Gobierno progresista y esforzado, confrontado a los manejos de los malvados capitalistas.

Lo sustancial es que, en ese relato de lucha denodada contra un estado de crisis permanente, el Gobierno se hace fuerte y justifica su propia supervivencia. No sólo porque distrae la atención de los Ábalos, hermanos y esposas, sino, sobre todo, porque ahonda en una narrativa de héroes contra villanos que, en la era del populismo como receta ganadora, tiene su público. Así que, mientras no sea el PSOE el que entone un ‘hasta aquí hemos llegado’, la épica sanchista seguirá siendo el santo y seña de su manual de supervivencia.