Luis Ventoso-ABC

Tenemos derecho a saber si Sánchez está vendiendo al país

El deterioro que han sufrido los pilares de la vida pública española en solo 18 meses de desgobierno de Sánchez supera lo imaginable. Si hace solo tres o cuatro años nos hubiesen dicho que un presidente de España iba a negociar su investidura secreteando con un partido separatista condenado por una sedición para romper el país, no nos lo habríamos creído. Si hace solo tres o cuatro años nos hubiesen contado que el árbitro para que España tenga un Gobierno sería un preso condenado en firme a trece años de cárcel por un golpe sedicioso, no nos lo habríamos creído. Si nos hubiesen vaticinado que el PSOE iba a adular a un partido independentista y republicano, que le exige como punto de partida «el fin de la vía judicial y la represión» -es decir, que las leyes españolas queden en suspenso-, la convocatoria de un referéndum inconstitucional y una amnistía para un mandatario que proclamó unilateralmente una república; simplemente habríamos pensado que alguien fumó demasiada grifa.

Pero está sucediendo, porque por primera vez España soporta a un presidente que tiene como principio la amoralidad táctica al servicio de un único fin: conservar el poder a cualquier precio. Debemos recalcarlo: en ninguna democracia de nuestra categoría se soportaría que un presidente prometa en el debate electoral mano firme con los separatistas sediciosos y que solo tres semanas después inicie un cortejo para que lo mantengan en el poder precisamente aquellos a los que él mismo presentaba como el problema que iba a atajar con leyes más duras.

El pronóstico es pésimo. Ayer en el congreso de ERC se dio a entender que las negociaciones con el PSOE están encarriladas y que Sánchez podría ser investido con su ayuda antes del día 5. En esa asamblea, Junqueras, el preso al que Sánchez le mendiga el plácet, intervino desde la cárcel para recordar que «la independencia es irreversible y otro referéndum, inevitable». ERC recordó sus exigencias: consulta, fin de la intervención de la Justicia española en Cataluña y amnistía. Explicaron que el referéndum llegará sí o sí; sea pactado con el Estado, forzado con movilizaciones y desobediencia, o impuesto de manera unilateral (y a todo eso lo llamaron, por supuesto, «diálogo»). ¿Cuál fue la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno? Sonrojante: «Hay que mantener el diálogo en el marco que nos permiten los principios democráticos del Estado de derecho». Desde la sentencia del Tribunal Europeo, el Gobierno ha borrado ya toda alusión a la Constitución o el «orden constitucional», para no molestar a su socio separatista.

¿Qué está ofreciendo Sánchez a ERC? Los españoles tenemos derecho a saber si está vendiendo a nuestro país en la mesa secreta de negociaciones. Dice poco de la ciudadanía la pasividad soñolienta con que asistimos al desguace que se oficia ante nuestros ojos. PP, PSOE y Cs suman 221 escaños de los 350 del Congreso. Pero un preso enemigo de España, que tiene solo 13 diputados, decide nuestro Gobierno por la felonía oportunista de Sánchez. ¿Respuesta de los líderes intelectuales, empresariales y sociales de la nación española? Ninguna.