El sanchismo mediático se escandalizaba cuando en las pasadas elecciones se puso de moda en la derecha el eslogan «que te vote Txapote». Un lema áspero que escocía por su indiscutible fondo cierto, porque aunque nadie puede saber a quién vota el etarra García Gaztelu constituye una verdad objetiva que el partido heredero de su proyecto respaldó la investidura del jefe del Gobierno. Y de hecho sigue siendo su socio más fiable, aunque a diferencia de otros aliados ni el PSOE ni Bildu hayan publicado nunca las cláusulas de su acuerdo. Pero no hay español que desconozca el precio desde que el propio Arnaldo Otegi anunció en 2021 su disposición a aprobar los Presupuestos a cambio de la excarcelación o alivio penal de «sus» presos.

Se trata, como el de la amnistía a los golpistas catalanes, de uno de los escasos compromisos que el presidente ha cumplido. Previa cesión de competencias penitenciarias, el Gobierno vasco de coalición –cuya Consejería de Justicia dirige una militante socialista– ha concedido beneficios a una treintena de condenados por terrorismo. El último de ellos, apodado Txeroki, un exjefe de ETA sentenciado a cuatrocientos años por una nutrida colección de crímenes consumados o en grado de tentativa, ya está disfrutando del correspondiente permiso y en condiciones de cruzarse en la calle con algunas víctimas de sus delitos. En julio del año que viene, menos de 19 años después de ser detenido, saldrá en libertad de modo definitivo.

El tiempo pasa, es la consigna usada por el Ejecutivo autonómico para justificar estas encubiertas medidas de gracia. Pasa para todos menos para dos clases de personas: las beneficiarias, que eluden las consecuencias de sus crímenes por la puerta falsa, y las víctimas que yacen en los cementerios o lloran la pena amarga de unas vidas rotas y una soledad desconsolada. Para los más de ochocientos asesinados no rige la memoria democrática. Son apenas nombres en unas lápidas donde sus deudos depositan flores y lágrimas, como en la de Fernando Múgica esta misma semana. Fantasmas de un pasado incómodo, antipáticos vestigios de una etapa sobre cuyo recuerdo ha caído la orden de doblar la página.

Hay que borrar a ETA del imaginario colectivo y hasta de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Porque sólo con el olvido podrá disiparse la mala conciencia de quienes pactaron con sus legatarios sin que pidiesen perdón ni se arrepintieran. Para que las generaciones nuevas no alcancen a saber que las gobierna un poder construido sobre una componenda con un partido nacido para explotar el usufructo político de la violencia. Para que la sociedad española moderna normalice una aberración ética y la historia la absuelva cubriéndola con un manto de amnesia. Para que el voto de Txapote, de Txeroki y de sus sanguinarios colegas pueda seguir apuntalando sin problemas un frente de izquierdas.