El tiroteo en Francia vuelve a dejar en evidencia el supuesto propósito de ETA de dejar paso a la vía política. Estamos atravesando momentos de gran tensión política y división entre los partidos. Suele ocurrir cada vez que ETA pone a sus peones a trampear con la legalidad.
Los voluntariosos emplazamientos al entorno político de ETA para que no desaproveche la oportunidad de rechazar (ni hablemos de condenar) los capítulos de terrorismo como los disparos contra un gendarme este fin de semana en Francia, sitúan a quienes los realizan instalados en el pedestal de los ingenuos porque este tipo de exhortaciones se están convirtiendo en un brindis al sol. Cuando se supo que los terroristas habían planificado atentar contra el lehendakari, Sortu se movió entre dos aguas. Así que no es previsible que sufran un ataque de civismo democrático ahora que los etarras que campaban por sus respetos, armados eso sí, en territorio galo, han dejado en evidencia a quienes sostienen que ETA está a punto de cerrar la persiana.
Pero la necesidad electoral de recobrar la normalidad política en Euskadi es tan imperiosa que casi todos los partidos -casi- quieren creer que Sortu-Bildu va a romper la burbuja de su lenguaje encriptado para rechazar la violencia futura que sigue amenazando a nuestro país. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, instaba a los promotores de Batasuna-Sortu-Bildu a que se unieran a los demócratas pero él sabe muy bien que la adaptación a la democracia no es un fenómeno automático, que los mismos que han acompañado y justificado a los terroristas, se convierten ahora a la democracia forzados por las circunstancias a las que han sido conducidos por la justicia.
Que su adaptación responde a la necesidad de no perder poder en los ayuntamientos y diputaciones y que, por eso, han estirado unos estatutos hasta el límite permitido por la legalidad para poder entrar por la puerta grande en las instituciones. Si la conversión hubiese sido auténtica, les habría bastado con renegar de la trayectoria de ETA y con exigir su disolución. Pero no lo han hecho. La realidad de una banda que parece estar reorganizándose para seguir con su costumbre tradicional en cada tregua, les ha puesto entre la espada y los estatutos en más de una ocasión. Y todas, hasta ahora, las han desaprovechado.
De ahí que los manifestantes que acudieron a la convocatoria de las asociaciones de víctimas salieran a las calles de Madrid para exigir algo que todo el mundo puede entender: que ETA no esté presente en las elecciones del 22 de mayo. Tan sencillo como eso. Los manifestantes tenían sobrados motivos para no ocultar su desconfianza ante la posibilidad de que los amigos de ETA vuelvan a colarse por el ángulo más insospechado. A partir del momento en que empieza a tomar cuerpo la tendencia a valorar las sentencias de los tribunales a través de los votos discrepantes, las víctimas sospechan que hay mala intención contra ellos en un sector de la opinión publicada. Los mensajes del vicepresidente Rubalcaba les suenan correctos pero las intervenciones de aquellos socialistas que, en sede parlamentaria, exhiben su proximidad a los jueces minoritarios que entienden que a Sortu se la ha vetado con «conjeturas» les resultan inquietantes. ¿Incertidumbres? Muchas más de las que mostraron los manifestantes que, a pesar de su contención, han sido tachados en algunos casos de «extrema derecha».
Otra tendencia que se va asentando en una parte de esta campaña electoral: comparar a quienes critican al Gobierno socialista con la derecha extrema, forzando así una caricatura de esos ciudadanos que tienen sus razones para salir a la calle a pedir al Ejecutivo que se mantenga firme ante las presiones del entorno político de ETA. Las víctimas arropadas por PP y UPyD dejaron sobre la bandeja del Gobierno su preocupación. Una petición que Rubalcaba, mucho más hábil que los que descalifican a los manifestantes sin atreverse, por cierto, a hacer lo propio cuando salen a la calle quienes quieren ver a Sortu, sin condenar la violencia, en los ayuntamientos, habrá tomado ya buena nota.
Ayer la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, fue equitativa, justa y clara cuando dijo que, de la misma forma que había rechazado siempre la «guerra sucia», no quiere ahora una «paz sucia». No se puede expresar con más claridad en tan pocas palabras un mensaje de lucha por la libertad. Estamos atravesando momentos de gran tensión política y división entre los partidos. Suele ocurrir cada vez que ETA pone a sus peones a trampear con la legalidad.
El revuelo de las actas de la negociación entre la banda y el Gobierno han enturbiado más el terreno pantanoso. Quienes intentan dar un brochazo a las negociaciones diciendo que todos los gobiernos «hicieron lo mismo» o pretenden engañar a la sociedad o son unos perfectos desinformados. Javier Zarzalejos, secretario de la presidencia en tiempos de Aznar, contó su propia vivencia de los contactos con los terroristas. Nada que ver. No se puede comparar la única reunión que los emisarios de aquel Ejecutivo mantuvieron en Suiza durante dos horas y media tras nueve meses de tregua, con los 65 encuentros durante los gobiernos de Zapatero y las doscientas reuniones con Batasuna, según declaraciones en sede judicial. Léanlo.
Con el testimonio de este protagonista, a su pesar, -que ayer publicó este periódico- se arroja una luz impagable sobre un episodio de la desgraciada historia de las conversaciones, amagos, trampas y contactos con que ETA ha intentado ir confundiendo a los ejecutivos de España y a la opinión pública. Con artículos como el de Zarzalejos, resulta difícil manipular la historia.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 11/4/2011