¿Qué nueva política penitenciaria?

De continuo escuchamos a los portavoces políticos, con la excepción del PP y del Gobierno que sustenta, defender «una nueva política penitenciaria» respecto a los presos de ETA. Y cuando uno trata de indagar sobre qué política penitenciaria habría que desarrollar, se encuentra con generalidades del tipo «que sea dinámica, adaptada al nuevo tiempo, consensuada, respetuosa con el Estado de Derecho» y otras parecidos, sin casi ninguna concreción. Como mucho se habla de acercamientos de presos, mezclándolo en ocasiones con el fin de la dispersión, que son cuestiones muy diferentes.

Una primera consideración: el Gobierno de Rajoy no es que sea inmovilista en política penitenciaria sino que ha retrocedido respecto a la practicada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Porque retroceso es paralizar la denominada ‘vía Nanclares’ –la fórmula que trazó el camino de la reinserción de los presos de ETA de acuerdo con el Código Penal y la Ley General Penitenciaria– y un retroceso clamoroso, intentar torpedearla. Y el Gobierno lo ha hecho sin tener en cuenta ni el espíritu ni la letra de la Ley General Penitenciaria y de la propia Constitución. Si la ‘vía Nanclares’ (ahora Zaballa) sigue viva, lo está a pesar de la actuación del Ministerio del Interior, y gracias a la actuación unánime de los jueces y magistrados de la Audiencia Nacional. De hecho, el ministerio ni tan siquiera ha puesto en marcha su Plan de Reinserción tan torpemente filtrado en abril de 2012 y ningún preso de ETA se ha acogido a él. Del Gobierno vasco podría decir que no está, y no sé si se le espera.

Extraigo así una primera concreción para esa nueva política penitenciaria: recuperar la denominada ‘vía Nanclares’, profundizando en lo ya realizado y, sobre todo, extendiendo sus principios y actuaciones al resto de las cárceles españolas. Especialmente ahora, cuando el colectivo de presos de ETA (el EPPK) ya permite a los condenados acogerse a beneficios penitenciarios de forma individual y conforme a la legislación vigente.

Segunda consideración: la reinserción es un derecho individual al que puede acogerse, o no, cualquier preso. También los de ETA pueden hacerlo, o pueden cumplir su pena sin acogerse a los beneficios penitenciarios dispuestos. Es su decisión. Y debería ser individual y libre. En este sentido, la mayor o menor dispersión de los presos etarras debería responder exclusivamente a criterios favorecedores de esa libre decisión, algo que no está en absoluto reñido con el acercamiento. Y creo que este sería un acierto. Un beneficio para las familias, que no son jurídicamente culpables y podrían ayudar a la decisión de la reinserción de su familiar. Un acicate para que el preso dé ese paso, y una apuesta decidida –y con riesgo nulo, al ser reversible– en el camino de la futura convivencia en paz y en libertad en el País Vasco.

Tercera consideración: si todos queremos ya acatar la legalidad vigente y trabajar por la resocialización de los presos de ETA, tendremos que construir un camino para conseguirlo. Y ese itinerario se ha ido construyendo en los cinco últimos años. Un camino que incluye lo que tiene que hacer el preso y las contrapartidas que la ley establece. Se empezó a construir con ETA todavía activa y, con aciertos y errores, constituye una experiencia de gran valor para afrontar el final de ETA. Estoy hablando de la ‘vía Nanclares’. Los presos incorporados se fueron acogiendo a ella progresivamente, de acuerdo con su compromiso de abandono de ETA y su aceptación de la legalidad penitenciaria. Todo ello comprobado por los profesionales de Instituciones Penitenciarias, y también apoyado por ellos. Y cuando llegaron a Nanclares se continuó el trabajo ya realizado en otras prisiones y se profundizó en él a través de ayudas externas.

El Gobierno del lehendakari López se involucró de forma decidida en la tarea. Los internos fueron progresando en su reflexión, y se pusieron en marcha los encuentros restaurativos, el taller de convivencia y otras iniciativas encaminadas a la reinserción de presos con gravísimos crímenes, pero que reconocían el daño causado, hacían autocrítica de su pasado, rechazaban nítidamente la violencia y aceptaban reparar a sus víctimas. Y ello sin ningún reparo en hacerlo público, a pesar del sambenito de traidores que les imponían aquellos que hoy dicen aceptar la legalidad penitenciaria, y de la incomprensión de un sector de las víctimas. Así, los presos fueron accediendo a permisos, consiguiendo el tercer grado y la libertad condicional, conforme a la legislación vigente.

Cuarta consideración: la ‘vía Nanclares’ nació como parte de la política antiterrorista. En su desarrollo nos fuimos dando cuenta de que, además o incluso por encima de este aspecto, constituía una aportación muy importante a la convivencia. Hoy creo que se inscribe claramente dentro de la política de convivencia en paz y en libertad que tenemos que construir.

Quinta consideración: la desaparición definitiva de ETA aceleraría el transitar por ese itinerario, ya que, al no existir organización terrorista, no tendría lógica la existencia de previsiones penales antiterroristas como las actuales. Es decir, si ETA se preocupara de sus presos (la mayoría de su militancia actual) lo mejor que podría hacer es disolverse. Así no tendrían que abandonar una organización inexistente.

Una última consideración: el nombre es lo de menos. Probablemente habrá que consensuar la nueva política penitenciaria y habrá quien no quiera oír hablar de la ‘vía Nanclares’. Perfecto. Búsquese otro nombre, pero manténgase vivo el espíritu y los principios que la inspiraron.