Cristian Campos -El Español
 

Corporativismo aparte, que Pablo Echenique ande pidiendo las sales por la supuesta violación del off the record de la confesión de Irene Montero a la televisión vasca ETB se explica rápido.

Echenique es un científico que no ejerce de tal y el código deontológico periodístico es sólo una gazmoña imitación del método científico diseñada para engañar a los estudiantes y hacerles creer que el periodismo es una ciencia que permite llegar a la verdad si se siguen los pasos correctos, como quien monta una estantería Fjällbo de Ikea sin que le sobre un solo tornillo por el camino. Normal que Echenique se aferre a él.

Lo que no se entiende tanto o, mejor dicho, se entiende muy bien, es que periodistas que a duras penas llegan a presuntos y con las militancias a la vista anden denigrando el trabajo de periodistas reales con la excusa del off the record. ¿Pero qué off the record ni qué niño muerto?

El off the record no es lo que la prensa del Gobierno dice que es. Y en el hipotético caso de que lo fuera, ese compromiso no sería aplicable a otros medios. ¿Grabas un off the record y pones las imágenes a disposición de otras televisiones? Entonces habría que debatir quién ha sido más inocente aquí, si Irene Montero o los periodistas del programa En Jake.

Miren. En periodismo existen las declaraciones oficiales, frecuentemente intrascendentes salvo en aquellos raros casos en los que el declarante no tiene nada que perder y decide tirarse por el barranco. Un ejemplo de esa intrascendencia oficial es lo que le dijo Irene Montero a la periodista Leire Torre on the record: mentiras.

Existen también las declaraciones extraoficiales, esas que los periodistas atribuimos a «fuentes» y que no son otras que Teodoro García Egea, Edmundo Bal, Iván Espinosa de los Monteros, Adriana Lastra o Yolanda Díaz explicando algo que quieren que se publique, pero no con su nombre. Observen que he citado, para curarme en salud, a políticos con los que no he hablado jamás en persona.

Y existen las declaraciones que no son ni oficiales ni extraoficiales, sino pertenecientes a una tercera categoría, y que se confiesan bajo el compromiso de que no se publicarán, aunque sí servirán para que el periodista conozca una información de contexto o las claves que permiten interpretar correctamente determinados hechos.

A estas últimas se les llama off the record porque suena bien, pero son lo que son y no tienen mayor misterio. Sólo un estudiante por destetar creería que el político te transmite esa información porque le caes bien y se ha relajado en tu presencia. Te la cuenta porque quiere que la sepas. Punto. En ese intercambio, tanto periodista como político ganan algo y no hace falta un máster para saber qué es.

Es una transacción comercial como cualquier otra.

Las declaraciones de Irene Montero no son nada de eso. Son, lisa y llanamente, la metedura de pata de una espontánea de la política que no ha comprendido jamás la responsabilidad que implica el cargo de ministro.

Irene Montero cree que el Gobierno es poco más que una asamblea universitaria antifa y por eso se comporta, habla y gesticula como una adolescente, y confiesa una posible prevaricación administrativa por omisión como si fueran amigas de toda la vida.

Pero ese no es el problema del ABC. Es un problema, y grave, de Irene Montero.

Pero, sobre todo, de los periodistas que, habiendo contado durante semanas con un material que apuntala las conclusiones del informe de la Guardia Civil sobre el 8-M, han decidido hacer caso omiso de él por razones que se me escapan. No quiero pensar mal. Quizá haya sido, sencillamente, escaso olfato periodístico. El que ha tenido ABC y no ellos.

¿Recuerdan aquella imagen de varios periodistas parlamentarios sentados en el suelo del Congreso de los Diputados alrededor de Pablo Iglesias como si fueran niños en un botellón? Si un periodista no entiende dónde está el problema de esa imagen, y piensa que Pablo Iglesias es su colega, es que lo suyo no es el periodismo, sino otra cosa.

Y que lo suyo sea otra cosa no es precisamente mal plan. Un asesor menor del Ministerio de Igualdad, sin mayores méritos profesionales conocidos, cobra tres o cuatro veces más que un periodista cualquiera. Pero quizá la mayor ventaja del puesto sea la de poder ejercer el activismo político sin necesidad de impostar dignidad deontológica sacándose off the records de la manga.

Para algunos periodistas sería como salir del armario. Una liberación. Yo de ellos, me lo pensaría.

No envidio la disforia profesional de los activistas de izquierdas encerrados en el cuerpo de un periodista.