RAFAEL MOYANO, EL MUNDO – 22/11/14
· La imagen del radar es nítida: el coche va pasado de vueltas, circula a más de 200 por hora. La matrícula es la de la Generalitat, –GEN-9-N– y lo conduce Artur Mas, que con una mano habla con el móvil y con la otra hace una peineta a la cámara. A su lado, de copiloto, la vicepresidenta Joana Ortega y, en el asiento trasero, la consejera Rigau. Ambas sin cinturón de seguridad. Es una prueba, una evidencia, de que algún delito que otro se debió cometer en esa «jornada histórica».
Así, con trazo grueso, un altísimo tribunal, el Constitucional, prohibió por dos veces que se celebrara una consulta y ésta se celebró; de aquella manera, pero se celebró. Desde la Generalitat se dieron ruedas de prensa informando sobre la participación, se valoraron los resultados y se festejó la victoria. El conductor, el mismo que se mofó de la autoridad, no quiere ni molestarse en recurrir la multa. Pide simplemente que se borre la foto sin investigarla, como pretende el fiscal general con su querella.
Lo más grave que ha ocurrido esta semana es la nueva grieta abierta sobre la parcialidad de los que imparten justicia. En el estudio de unas pruebas no muy difíciles de objetivar, la interpretación técnica de los fiscales de Cataluña ha sido radicalmente opuesta a la de los que representan a los de toda España. Decían, en su dictamen contrario a presentar una querella, que por ellos la presentaban, pero es que los jueces del Constitucional (con gran cabreo de éstos) se lo habían puesto muy difícil. ¿Por qué? Pues porque Mas podría haber actuado de buena fe y no darse por aludido, ya que «resulta discutible la existencia de una orden» de celebrar la consulta y tampoco había un «destinatario concreto» de la providencia de suspensión. Y para rematar, consideraban que era bueno evitar acciones penales por la «repercusión pública». ¡Vaya tela! Y la Pantoja en la cárcel.
Eduardo Torres-Dulce quiso resolver ayer sus dudas con una querella que recuerda que los autos del Constitucional eran «una orden absoluta, tajante e inequívoca de abstención de todo acto encaminado» a la celebración de la consulta, y que el destinatario directo de dichas decisiones era el Gobierno de la Generalitat por su carácter de poder público. No sé, a mí este señor, el fiscal general, me transmitía credibilidad cuando hablaba de películas con mesura y conocimiento en la tertulia Qué grande es el cine, de José Luis Garci. Si era así con su hobby, con más razón lo será con su profesión.
El fiscal cree que con su peineta del 9-N Mas podría estar prevaricando, por dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia; desobedeciendo, por negarse a cumplir una resolución judicial; malversando, por destinar el dinero público que maneja a usos ajenos; y obstruyendo a la Justicia, por no dejarle ejecutar una resolución. La multa habrá que, por lo menos, tramitarla. Y que Mas recurra.
RAFAEL MOYANO, EL MUNDO – 22/11/14