JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA-El Correo
El nivel de la política española actual con Cataluña es el del máster de Cifuentes
El Tribunal Supremo español se ha presentado ante su más querido espejo, el de la justicia alemana, y ha recibido un sorprendentemente rápido y sonoro bofetón: la calificación jurídica de los hechos que has efectuado es incorrecta, el delito no existe, suspenso. Era previsible, muchos lo advertimos, y las consecuencias son políticamente aterradoras.
Por un lado, queda en entredicho toda la instrucción de la causa, las medidas de prisión adoptadas, el futuro juicio a los políticos catalanes, etc. En entredicho ante Europa y ante la opinión pública, que entiende poco de matices y sutilezas jurídicas. El proceso judicial queda infectado por una fuerte sospecha de arbitrariedad y parcialidad política, así de sencillo.
Por otro, los independentistas catalanes reciben algo que es más que un balón de oxígeno, algo que van a utilizar con todo descaro para asentar las manoseadas pero efectistas estampas de persecución, mártires, democracia defectuosa, e cosi via. En esto son maestros. Lo cual supone, a la hora de la verdad, que el proceso pugnaz por la secesión seguirá indefinidamente.
La clase política española, enfrentada al más serio desafío que se ha lanzado desde la Transición a la institucionalidad del Estado, se encuentra medio noqueada. Aprisionada entre una Justicia (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) que parece haber decidido actuar como salvapatrias, quisiéralo o no el Gobierno, y un proceso catalán que sigue en su burbuja al margen de la racionalidad política. Que el Tribunal Supremo se apee del burro es impensable: seguirá con su tesis y buscará las sutilezas que sean precisas para continuar la instrucción. Quien conozca un poco el alma de los magistrados del Supremo sabe que se sienten así, supremos. Que los independentistas se vuelvan pragmáticos es igual de ilusorio.
¿Entonces?
Hay un medio para salir del estéril día de la marmota, un medio al alcance de la política constitucionalista que es mayoritaria. Suena improbable, porque el nivel de la política española actual es el del máster de Cifuentes y poco más, pero es posible a condición de que se junten una comprensión esclarecida del problema y dosis considerables de liderazgo. Junta tres conceptos terribles: gobierno de concentración, amnistía y consulta referendataria a los catalanes. El primero, el gobierno de concentración de los partidos constitucionalistas, es requisito indispensable para emprender las otras dos medidas, pues nadie podría ni siquiera mencionarlas sino desde la responsabilidad compartida.
Una ley de amnistía aprobada en las Cortes es necesaria para, de un solo tajo, romper con la perversa y enconada dinámica judicialista que tiende a instalarse en este asunto: recupera para la política la dirección del proceso y se lo arrebata tanto a los jueces como a los independentistas. Cierra de golpe todas las responsabilidades derivadas de los hechos pasados y pone el contador a cero. Y la tercera, que probablemente debió aplicarse hace ya tiempo, es la única salida sensata al contencioso secesionista una vez situado en los niveles que ha llegado: saber de una vez lo que de verdad quieren los ciudadanos catalanes, para lo cual lo mejor es preguntárselo.