A este carajal que es la España sanchista le faltaba el entusiasmo del presidente del CGPJ, que lo es a la vez del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tras anunciar su dimisión que ha producido un cabreo sordo entre los miembros del Consejo, en cuya opinión no son maneras.
Vayamos con el carajal, propiamente dicho. Mención de honor para Irene Montero, probablemente la mujer que ha llegado más alto entre sus pares (hombres y mujeres) en discapacidad intelectual. Ella es así y así lo dijo: “Todos los niños, las niñas y les niñes tienen derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia, tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les de la gana, basadas eso sí, en el consentimiento y eso son derechos que tienen reconocidos”. Vamos a ver, pardilla: ningún adulto puede magrear a un niño si él no quiere. Y si quiere, tampoco. Lo dice el artículo 181.1 del Código Penal. Adulto y menor de 16, entre dos y seis años. Tanto si no quiere como si quiere. Vamos a ver si lo explico con ejemplos que esta desdichada criatura pueda entender: el descubrimiento del sexo por los niños (y las niñas) se produce de manera natural, entre iguales. La ministra (y yo mismo, muchos años antes) hemos jugado a los médicos, no hay nada de malo en ello, salvo que un adulto se empeñe en ser el director del hospital. No hay lugar ahí para el señor de los caramelos. O el de las trufas de chocolate, el gran Gert Fröbe en aquella obra maestra de Ladislao Vajda, ‘El cebo’. La intervención de los adultos en la sexualidad de los niños es la pederastia.
Ayer también se coronaba otra cumbre de la infamia gubernamental, pongamos que hablo de Fernando Grande Marlasca, culminando la operación de llevar al País Vasco a dos asesinos de ETA especialmente cualificados: Txapote y Henri Parot. En la sesión de control del miércoles tuvo que aguantar una diatriba feroz del padre de Diego Salvá Lezaun, guardia civil que fue asesinado el 30 de julio de 2009 junto a su compañero Carlos Sáenz de Tejada. Ellos fueron los dos últimos españoles asesinados por ETA y el padre se estrenaba como diputado de Vox. El ministro respondió que “los traslados son aplicación de la ley, es un derecho el cumplir la pena en las inmediaciones del domicilio para evitar la exclusión social. La política de dispersión era una política antiterrorista; vencida ETA, desaparece”. No se puede mentir más con menos palabras: no son la aplicación de la ley cuando los penados no colaboran con esta. La exclusión social no sería en ningún caso la de los asesinos, sino la de sus víctimas. ¿Qué quiere decir que vencida ETA la dispersión desaparece? Los guardias citados son dos de las 379 víctimas cuyos asesinatos no se han resuelto policialmente. Sus victimarios están campando por sus respetos en las fiestas de sus pueblos. “Usted ha escupido a otra víctima que ejerce de político”, dijo a Salvá con una superchería que ya había acuñado Zapatero, cuando dijo a la madre de Irene Villa: “¿Cómo no la voy a entender? A mí también me mataron a mi abuelo”.
Que les vote Txapote, gran eslogan. Lo que pasa es que el personal no va a tener a quien votar. Otro día explicaré la falta de alternativas: lo de Feijóo en el PP y lo de Vox con Macarena Olona.