El Correo-RAFAEL LEONISIO
Sorprende esa querencia por la ‘ley de claridad’ canadiense. Si España promulgase una similar, los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum
Quebec es un territorio al que el nacionalismo vasco lleva mucho tiempo mirando con gran admiración. La denominada ‘ley de claridad’ canadiense recibe constantes elogios de los partidarios del «derecho a decidir» y muchas veces se pone a Canadá como ejemplo de país democrático que respeta ese derecho, además de como modelo hacia el que España debería mirar. Por ejemplo, hace un par de años el lehendakari, Iñigo Urkullu, visitó Quebec, donde puso en valor su «modelo de consulta legal y pactada», y en septiembre del año pasado recordó que era el «modelo de referencia» para impulsar una «Directiva de Claridad» para el conjunto de la UE.
Sorprende bastante esa querencia del nacionalismo vasco por el modelo canadiense de autogobierno. Y es que si España promulgase una ley idéntica a la de aquel país los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidarios de un referéndum de autodeterminación, argumentando que la ley sería una trampa para hacer prácticamente inviable un proyecto secesionista. Y tendrían toda la razón porque para eso la hicieron los canadienses.
Conviene recordar que al amparo de la ‘ley de claridad’ –al contrario de lo que algunas veces se afirma– no se ha celebrado ningún referéndum, sino que la ley fue la respuesta a la celebración de dos, uno en
1980 y otro en 1995, ambos convocados unilateralmente por la provincia francófona, aunque sin oposición explícita del Gobierno central. El primero no fue un referéndum de autodeterminación propiamente dicho, ya que lo que se preguntaba era si se autorizaba o no al Gobierno de la provincia a intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía. El ‘no’ venció de forma clara con el 60% de los votos. En el segundo, en el que el ‘no’ ganó por un ajustado 50,6%, sí se preguntaba por el deseo de un Quebec soberano, pero la ambigüedad de la pregunta formulada recibió muchas críticas. Fue esa ambigüedad y el caos jurídico que habría supuesto una victoria del ‘sí’ lo que hizo reaccionar a las autoridades canadienses y, previa consulta a la Corte Suprema –la cual rechazó que existiera cualquier derecho a una separación unilateral–, el Parlamento promulgó esa ‘ley de claridad’ tan extrañamente admirada por estos lares.
Sus puntos principales serían los siguientes: en primer lugar una pregunta clara cuya redacción no ponga en duda lo que se está votando. Y quien tiene el poder para decidir si esa pregunta es clara o no (primer veto estatal) es la Cámara de los Comunes de Canadá; es decir, el Parlamento del conjunto de la nación. El mismo que tiene la potestad de determinar si una supuesta mayoría afirmativa ha sido clara (segundo veto). Es decir, se da por hecho que es necesaria una mayoría reforzada (nada del 51%) y, lo que es más, quien decide el número mágico no son las autoridades de Quebec, sino que es el Parlamento de Canadá el órgano soberano que dicta si hay o no voluntad (clara) de secesión. Además, la propia Cámara de los Comunes tiene el poder de anular una decisión alcanzada en referéndum si estima que se ha violado alguno de los principios de la ‘ley de claridad’ (tercer veto). Por otro lado, la independencia requeriría una enmienda a la Constitución de Canadá. Es decir, aunque una mayoría del 100% de los votantes apoyara la independencia esta no se produciría automáticamente, sino que Canadá tendría que ‘otorgarla’, lo que implica que en ningún momento ha habido cesión de soberanía. La Corte Suprema lo aclaró poco después: al amparo de las leyes canadienses el voto ciudadano en un referéndum de autodeterminación no tendría ningún efecto jurídico, puesto que la secesión sólo sería constitucionalmente válida tras una negociación entre el Gobierno federal y el provincial.
Por tanto, un ‘sí’ inequívoco a una pregunta clara sobre la secesión no obligaría a Canadá a permitir la separación de una de sus provincias sino que solo le obligaría a negociar de buena fe (lo que quiera que eso signifique) los términos de esa posible secesión. Una negociación en la que podría poner una condiciones imposibles que hicieran inviable la independencia, por mucho apoyo mayoritario que tuviera (cuarto veto). Finalmente, como se prevé la divisibilidad de Canadá también se hace con el territorio de Quebec. Es decir, determinadas poblaciones concentradas territorialmente en esa provincia tendrían el derecho a quedarse en Canadá.
Así que imaginemos la traslación de la ‘ley de claridad’ a España. Una ley que diría que en el caso de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o Euskadi habría partes de estos territorios que podrían decidir permanecer en España (como Tarragona, el Valle de Arán, el gran Bilbao o Álava). Además, el Congreso de los Diputados podría vetar la pregunta por no ser clara, decidir unilateralmente la mayoría necesaria para legitimar una postura favorable a la secesión y anular todo el proceso por detectar anomalías. Y que, en caso de respuesta clara a mayoría clara en un proceso perfectamente legal, el Gobierno solo estaría obligado a negociar y por tanto a poner unas condiciones tan draconianas que harían que ni los más entusiastas quisieran la independencia. O sea que el poder central (España) tendría la soberanía y lo decidiría todo. Más o menos como estamos ahora. ¿Sería realmente un chollo?