Carme Forcadell lleva camino de convertirse en la quinta imputada por desobediencia y prevaricación en el proceso independentista. La Fiscalía General del Estado anunció ayer que presentará una querella contra la presidenta del Parlament por ignorar el bloqueo que el Tribunal Constitucional (TC) impuso al llamado proceso de desconexión.
La previsible imputación pondría a Forcadell en la misma lista de investigados que forman Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega (estos tres ya formalmente acusados por la Fiscalía) y Homs (en una fase previa como investigado). A los cuatro se les atribuyen los delitos de desobediencia y prevaricación por la consulta del 9-N.
La decisión de presentar la querella y la determinación de los presuntos delitos ha sido adoptada por la fiscal general, Consuelo Madrigal, tras tratar el asunto con los fiscales de Sala de lo Penal y con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Fuentes de la Fiscalía han explicado que Romero de Tejada respalda la presentación de la querella, lo que hace difícil que se reproduzca el choque de criterios entre la Fiscalía General y la de Cataluña que se produjo con la querella contra Mas.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que se ha optado por trazar una querella lo más sólida posible, ciñéndose a los dos delitos mencionados y a la presidenta del Parlament. La resolución del TC que ha dado pie a la querella dejaba abierta la puerta a que la eventual actuación fiscal se extendiese a «cualesquiera otras personas» que pudiesen considerarse responsables. Los candidatos eran los miembros de la Mesa que secundaron –no lo hicieron todos– la decisión de Forcadell de hacer lo que el TC les había dicho expresamente que no hicieran: tramitar las conclusiones de la llamada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.
La querella se presentará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante el que está aforada Forcadell. En el mismo tribunal están acusados los diputados autonómicos Mas, Rigau y Ortega, mientras que Homs se las tiene que ver en el Supremo al ser diputado nacional. Los delitos que aparecerán en la querella no conllevan prisión, tan sólo penas de inhabilitación. Fuentes de la Fiscalía explicaron que esperan la vuelta a Barcelona del fiscal superior esta semana para estudiar la resolución del Constitucional y elaborar el escrito.
Como es habitual ante las resoluciones judiciales que afectan a los dirigentes nacionalistas, la presidenta del Parlament utilizó ayer las redes sociales en internet para responder a la decisión. «Convencida que en el Parlament se tiene que poder hablar de todo. Siempre defenderé la libertad y el derecho de participación de los diputados», afirmó en Twitter, siguiendo la línea de lo que ya manifestó al conocer la decisión del TC de dar luz verde a una investigación penal.
En declaraciones en el Parlament, Forcadell afirmó que «desgraciadamente no hay nada nuevo» en la petición del Ministerio Público, que considera una evidencia más de que en España no hay separación de poderes. «Aquello que decide el Gobierno es lo que acaba haciendo el Tribunal Constitucional y la Fiscalía». «Siempre defenderé la libertad de expresión, que en este Parlament se pueda hablar de todo, y siempre defenderé el derecho de participación de todos los diputados», concluyó la querellada in péctore.