Editorial-El Español
Un artículo de Carlos Martín Urriza, el portavoz económico de Sumar en el Congreso de los Diputados, ha confirmado lo que hasta ahora era un secreto a voces: que el pacto para un «concierto fiscal solidario» entre el PSOE y ERC no sólo ha tensado las costuras de los socialistas, sino también las de sus socios de Gobierno. Las excepciones son EH Bildu y los propios republicanos, los únicos que apoyan sin reservas la medida.
En su artículo, Martín Urriza acusa al concierto pactado por socialistas y republicanos de insolidario y recuerda que limita muy gravemente la capacidad de gasto del Gobierno.
También afirma que pone en riesgo «la autonomía fiscal del Estado», que conduce a un sistema «menos redistributivo de la renta y la riqueza» y a una deuda estatal «menos sostenible». Urriza afirma que el concierto catalán supone la «demolición» del sistema actual y niega que «amplíe el Estado federal», como defiende el PSOE. «Esto no es compartir, sino todo lo contrario».
También recuerda Urriza, gurú económico de Sumar, que cuando el Gobierno central ha tenido que hacer transferencias a la Seguridad Social para sufragar las pensiones el dinero ha salido de la caja común, sin aportación alguna por parte de las administraciones forales vascas y navarra.
Las afirmaciones de Martín Urriza son, además de una obviedad, el reflejo de las tensiones que ha provocado en Sumar el pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
De los cinco principales partidos que forman Sumar, dos de ellos (Movimiento Sumar y los Comunes) apoyan la medida; otro calla, aunque se manifiesta en contra en privado (Más Madrid); y dos la rechazan (Compromís e IU). Compromís e IU con doble motivo, dado que representan a dos de las comunidades más perjudicadas por el actual sistema: la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Las consecuencias de esas discrepancias son evidentes. Para aprobar el cambio del régimen fiscal de una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, es necesario reformar por mayoría absoluta la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la ley de cesión de tributos, además de, muy probablemente, el propio Estatuto autonómico catalán. Y ni PSOE ni Sumar tienen garantizado hoy el apoyo de todo su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Mucho menos el de sus socios parlamentarios.
El pacto parece, por tanto, abocado a ese fracaso que ya anticipó Emiliano García-Page cuando afirmó el pasado 31 de julio que la reforma «no saldrá adelante».
A las dudas en sumar se suman además las reticencias del PNV, que ha mantenido hasta el momento un estricto silencio sobre el pacto entre PSOE y ERC, pero que teme que en el debate para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas acabe yéndose el niño con el agua de la bañera. Es decir, los propios conciertos fiscales vasco y navarro, la excepción al régimen común vigente en el resto de las autonomías.
El PSOE ha intentado vender el relato de que el concierto fiscal catalán no repercutirá en la financiación del resto de comunidades y que incluso la mejorará, algo que sólo puede calificarse de bulo dado que la financiación autonómica es un juego de suma cero: lo que gana una comunidad lo pierde otra. La única escapatoria a esta trampa es un aumento exponencial de los impuestos o un brutal recorte del gasto público, dos opciones que generarían una convulsión en la economía nacional de consecuencias imprevisibles.
El debate, además, es antinatura en una izquierda para la que la solidaridad fiscal entre ricos y pobres es el último de los grandes pilares de la izquierda clásica que todavía queda en pie. Obligada a renunciar a esa solidaridad y a apoyar la consolidación de un sistema de dos niveles, con ciudadanos de primera y de segunda, la izquierda pierde su esencia progresista y se convierte en una mera maquinaria de ocupación y conservación del poder sin mayor programa político que su perpetuación en la Moncloa.
Si la izquierda de hoy renuncia a la defensa de la igualdad tras haber renunciado ya a la de la libertad y la fraternidad, ¿qué sentido tiene su existencia si es ya sólo el vehículo para las ambiciones de una única persona? Pero, sobre todo, ¿qué sentido tiene abrir ese melón, asumiendo el coste político que implica, si el pacto entre PSOE y ERC parece destinado a no ser aprobado nunca?