- La inseguridad jurídica provoca que la violencia sustituya a la Justicia. Y por eso la ley del ‘sí es sí’ ha generado un clima político favorable al endurecimiento de las penas.
Se suele definir el linchamiento como la violencia que provoca la turba desatada. Pero no es así. Charles Lynch, que dio su nombre a la Ley de Lynch, era un juez de Carolina del Norte, acaudalado granjero independentista, que emprendió una lucha política contra la causa lealista. Es decir, contra los leales al rey de Inglaterra.
Como las leyes no le amparaban, Lynch decidió aplicar su propia ley, la Ley de Lynch, contra unos pobres desgraciados. Lynch creía que lo importante era la causa y que la ley y el procedimiento debían sacrificarse a ella. Más tarde, usando su poder político, Lynch se ocupó de convalidar la ley para que todo volviese a estar en orden.
Y eso es, en realidad, un linchamiento. Usar la política y la ley en defensa de causas propias.
¿Y por qué la ley del ‘sí es sí’ es un linchamiento?
«La causa del feminismo radical se llevó por delante a Anónimo García. Es decir, a la propia Justicia»
Recordemos que la ley de la ministra Irene Montero es la respuesta a la sentencia del caso de La Manada. Que los acusados no fueran condenados por violación en su momento provocó un tsunami en la opinión pública que la ministra hizo suyo en 2018: «Mientras la Justicia no nos proteja, nos cuidaremos entre nosotras. No estamos solas».
Aquí fue cuando Montero se sintió como la Libertad guiando al pueblo, abanderada de una causa que no debía toparse con barricadas ni gendarmes que la detuviesen.
La ola llegó hasta el caso contra Anónimo García, relatado en el último libro de Juan Soto Ivars Nadie se va a reír: la increíble historia de un juicio a la ironía. Ni los argumentos de hecho ni los de derecho pudieron hacer nada contra la presión de la opinión pública desbocada.
La causa del feminismo radical se llevó por delante a Anónimo García. Es decir, a la propia Justicia.
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Como a los linchadores les pareció mal la sentencia de La Manada, borraron de la ecuación todos los términos menos el del consentimiento. En consecuencia, la nueva ley ya no distingue entre abuso y agresión y da igual que exista o no violencia porque «sólo sí es sí».
Es fácil entender que no es lo mismo que te roben el bolso si lo dejas colgado en la silla que si te ponen una navaja en el cuello para forzarte. En ningún caso hay consentimiento. Pero la agresión marca una diferencia entre ambos delitos.
Y por eso están saliendo algunos agresores sexuales de la cárcel. Porque el criterio de proporcionalidad no permite castigar con mayor dureza un delito menos grave que otro más grave.
Pero la Justicia ha cedido ante la ideología.
«Cuando se desconfía de los procedimientos, de los principios y de los jueces, la masa se vuelve agresiva»
Esta ley no es sólo una chapuza. Es un linchamiento. Es saltarse la lógica jurídica, la técnica procedimental y algunos criterios elementales, como el de la proporcionalidad o el de la seguridad jurídica, para luchar por una causa ideológica.
Y aquí viene el problema verdaderamente grave. Problema que va mucho más allá de la ministra Irene Montero.
El efecto que la ley provoca en una sociedad cada vez más endurecida.
La única reforma que muchos ciudadanos aceptan hoy es la del endurecimiento de las penas. Y esa reacción es consecuencia directa del linchamiento. Cuando se desconfía de los procedimientos, de los principios y de los jueces, la masa se vuelve agresiva. La inseguridad jurídica provoca que la violencia sustituya a la Justicia. Por eso las instituciones tienen una función civilizadora. Porque moderan las pasiones.
Pero empieza a cundir una política de la venganza. Un culto por la pena que produzca el mayor daño y el deseo de que todo castigo sea ejemplar. A las instituciones ya no se les pide que cumplan un papel moderador, sino vengativo.
Y esta es la ley del Salvaje Oeste, la Ley de Lynch, la que retratan tan bien las películas Cometieron dos errores, de Ted Post, y El juez de la horca, de John Huston. Ambas muestran sociedades moralistas que persiguen la extirpación absoluta del mal y un puritanismo calvinista asfixiante que convierte los tribunales en checas morales donde no sólo se juzgan los actos, sino también los pensamientos, las emociones y los sueños.
La Ley de Lynch nació en un terreno moral abonado por el odio, la crueldad y la visceralidad de una sociedad endemoniada que pretendía ser angélica.
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La convicción de algunos políticos de que están destinados a defender una causa moral superior (el feminismo, la raza, la patria o la nación) ha conducido siempre al desprecio de las instituciones y las leyes.
Esta es la verdadera obra de los linchamientos. Las causas más nobles acaban justificando cualquier atropello a las leyes y las instituciones. No es casual que la ciudad de Lynch acabase tomando el nombre de su familia y se llamase Lynchburg.
Esperemos no acabar viviendo en el país del ‘sí es sí’.
*** Armando Zerolo es profesor de Filosofía Política y del Derecho en la USP-CEU.