El debate –o la negociación, que viene a ser lo mismo– de los superdecretos gubernamentales no trata en realidad sobre su contenido: las medidas anticrisis, las pensiones, los fondos europeos, el salario mínimo. Si fuera así, ya estaría resuelto con más o menos cesiones del Ejecutivo. Por ejemplo, mediante la razonable transformación en proyectos de ley susceptibles de ser enmendados y discutidos por separado. No. Esto va de que se sepa quién manda de verdad, de que quede claro quién tiene la sartén de la legislatura por el mango. De que todo el mundo, Sánchez el primero, entienda que el respaldo de Puigdemont se alquila caro. Y, a menor escala, de que Yolanda Díaz aprecie el valor matemático que Podemos tiene con sus cinco escaños.

Una cuestión de poder, en definitiva. Y al margen de las eventuales soluciones de último minuto, el auténtico poder de este mandato lo tiene el prófugo separatista. Un tipo estrambótico pero lo bastante perspicaz para darse cuenta de la posición privilegiada que le ha sido concedida por el sanchismo al convertirlo en árbitro de su política. Si ha conseguido desplazar el eje de las decisiones de Gobierno a Bruselas, humillar al Estado con la pantomima verificadora de Suiza, reventar las costuras de la Constitución forzando la amnistía y ser recibido con honores en el bando progresista, es lógico que pretende extender la exhibición de fuerza hasta la letra pequeña de la rutina legislativa. Por qué se iba a cohibir si no hay nada que se lo impida.

Así las cosas, el laboratorio de narrativas de la Moncloa ha girado el guión hacia la insolidaridad de la derecha. Ese malvado Feijóo que, escocido por su derrota, se niega a arrimar el hombro a modo de vendetta. Ese PP desleal que con tal de meter en apuros al presidente es capaz de sacrificar el bienestar de las clases humildes y medias. A los carlistas de Junts ni chistarles, no vaya a ser que echen el carro por las piedras; siempre se les puede mejorar la oferta aunque sea con caprichos como los incentivos para el retorno de las empresas que huyeron de la incertidumbre de la revuelta. Y en el peor de los supuestos, está preparado el argumentario sobre la centralidad de un Gabinete asediado y saboteado en una pinza de extremismos de simétrica intransigencia.

Acabe como acabe el asunto, las exigencias de Puigdemont constituyen un manifiesto mensaje de prepotencia jerárquica. La impunidad no basta; Sánchez no tendrá paz, ni agenda ni programa sin someterse a su control a distancia. Quedan muchas facturas aplazadas, y ninguna se relaciona con los intereses generales de España. Aquello tan fino de «hacerle mear sangre» no era una bravata sino el precio de entregar su suerte a un delincuente invistiéndolo de legitimidad democrática. Podrá salvar, o no, la papeleta de hoy pero ante la opinión pública quedará diáfana la evidencia de una presidencia prestada.